Impactada estructura delincuencial Los Autólicos por hurto a personas y residencias en Ibagué (Tolima)

Juan Esteban Alvarado Zamora y Geiner Eduardo Lozano Yung fueron judicializados por la Fiscalía de General de la Nación, por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, a los cuales no se allanaron. Los procesados, quienes fueron enviados a la cárcel, al parecer, son integrantes de la organización delincuencial denominada Los Autólicos.
Los dos hombres fueron afectados con medida intramuros por los punibles de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado al servicio de una organización delincuencial denominada Los Autólicos.

Según las investigaciones, Los Autólicos, se dedicarían al hurto de personas, especialmente de cadenas de oro, y de residencias bajo la violación de cerraduras en diferentes puntos de Ibagué (Tolima), desde el año 2015.

El ente acusador, a través del despacho local adscrito al grupo de Estructura de Apoyo que los investiga, les imputó tres hechos jurídicamente relevantes ocurridos entre el año 2020 y 2021 donde los hurtos –según la denuncia- ascendieron a más de 19 millones de pesos.

Se presume que los investigados para lograr los ilícitos se movilizarían en motos de alto cilindraje para así huir de la escena de los hechos evitando ser descubiertos por las autoridades.

Durante el procedimiento de captura por parte de uniformados de la Policía Nacional de la Metropolitana de Ibagué se les incautaron sustancias estupefacientes, un arma de fuego tipo traumática, dos motocicletas con fines de comiso, entre otros elementos relacionados presuntamente con la actividad delictiva.

La Fiscalía habla con resultados.

PAAM/MG/DMMH

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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