Un total de 13 diligencias de allanamiento se llevaron a cabo por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes que, al momento de la imputación de cargos, ninguno aceptó haber cometido.
Según el ente acusador, su actuar delictivo se concentra en varios barrios del municipio tolimense y en Guaduas (Cundinamarca), donde son comercializadas al menudeo sustancias como marihuana y cocaína, las cuales son entregadas a domicilio. Actividad que desarrollarían desde hace dos años aproximadamente.
Para ello era utilizada una motocicleta que durante las diligencias de allanamiento fue incautada con fines de comiso. También tendrían puntos fijos para la venta ilícita.
La sustancia era empacada en bolsas con cierre hermético con raya azul o roja, como marca característica, comercializada entre 5.000 y 10.000 pesos de acuerdo a la cantidad.
La cabeza del grupo de delincuencia organizada sería Ovidio Pinzón Orjuela, mientras que el resto de los detenidos cumpliría roles específicos para el funcionamiento adecuado del negocio ilícito.
Los imputados con medida de aseguramiento en centro carcelario son:
- Ray Anderson Macias Casallas
- Carlos Alberto Bautista Calderón
- Diego Alejandro Mateos Ordoñez
- Kely Yadira Vásquez Martínez
- Denis Franchesca Piñeres Rodríguez
- Javier Andres Báez Tovar
- Johan Andres Ortiz Castaño
- Michael Andres Trujillo Bustos
- Luis Andrey Acevedo Olmos
- Jorge Pulido Rueda
- Omar Eduardo Pabón Castrillón
- Cristian Stiven Ríos Casallas
- Jeison Orlando Palma Velandia
- Alison Monroy Trujillo (Captura en flagrancia)
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/CFG/JDO
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.