La entrada en vigor de la Ley 2232 de 2022, que prohíbe la producción y comercialización de ciertos empaques y objetos plásticos, está generando un impacto significativo en la industria plástica colombiana. Este cambio legislativo, que busca reducir la contaminación ambiental, plantea desafíos económicos y operativos para el sector. A continuación, se detallan los principales efectos y preocupaciones de la industria, así como las perspectivas futuras.
Acoplásticos, el gremio que representa a las empresas productoras de plásticos en Colombia, ha estimado que la implementación de esta ley tendrá un impacto financiero de hasta $1,1 billones. Este monto refleja los costos asociados a la reconversión de procesos productivos y la pérdida de ingresos debido a la prohibición de ciertos productos plásticos a partir del 7 de julio de 2024.
Paula Ocampo, vicepresidenta de Acoplásticos, señaló que la reglamentación de la ley, contenida en la Resolución 803 del Ministerio de Ambiente, fue publicada el 26 de junio, apenas 10 días antes de la fecha límite para la entrada en vigencia de la prohibición. Esta situación ha generado una presión considerable sobre las empresas, que se han visto obligadas a adaptarse en un tiempo muy reducido.
La implementación de la Ley 2232 de 2022 también pone en riesgo hasta 12,000 empleos en la industria plástica. La falta de tiempo para la adaptación y la obtención de certificados necesarios para las excepciones, como la producción de bolsas 100% recicladas, ha obligado a algunas empresas a detener su producción temporalmente.
Cristian Halaby, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, destacó que alrededor de 6,500 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, se verán afectadas por esta nueva reglamentación. Estas empresas, que dependen de la producción de bolsas de un solo uso y otros productos ahora prohibidos, enfrentan una incertidumbre significativa respecto a su capacidad para continuar operando.
La prohibición de ciertos productos plásticos también afecta a los comerciantes y consumidores. Los comerciantes que utilizan bolsas de precorte para empacar frutas y verduras deberán buscar alternativas, lo que generará una presión inicial sobre los precios para los consumidores finales. Paula Ocampo explicó que la transición hacia materiales biodegradables y compostables implica costos adicionales, especialmente debido a la necesidad de obtener certificados internacionales, cuyo costo se paga en dólares.
Para mitigar los efectos negativos de la ley, es crucial avanzar en la implementación de un plan de reconversión industrial y adaptación laboral. Este plan permitiría a las empresas que no pueden aplicar alternativas biodegradables realizar una transición más suave hacia nuevas formas de producción. Paula Ocampo subrayó la importancia de este plan para asegurar que las empresas y los trabajadores puedan adaptarse adecuadamente a las nuevas normativas sin sufrir pérdidas económicas significativas.
La Ley 2232 de 2022 representa un paso importante hacia la reducción de la contaminación plástica en Colombia. Sin embargo, su implementación presenta desafíos económicos y laborales significativos para la industria plástica. La falta de tiempo para la adaptación, los costos de la transición y el riesgo de desempleo son preocupaciones que deben ser abordadas con urgencia. La colaboración entre el gobierno y el sector industrial será esencial para asegurar una transición exitosa hacia prácticas más sostenibles y para proteger los empleos en riesgo.
¿Cómo crees que afectará esta prohibición a la industria plástica y a los consumidores en Colombia? ¿Qué medidas adicionales deberían tomarse para apoyar a las empresas y a los trabajadores durante esta transición? Comparte tus pensamientos y participa en la conversación.