Redacción
Como muchos sectores, los transportadores expresaron sus reparos al proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, la nueva reforma tributaria y fiscal presentada por el Gobierno en las últimas semanas.
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Portafolio conoció que tanto la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) como la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) enviaron cartas al presidente Iván Duque, en la que expresaron preocupaciones sectoriales.
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Uno de los llamados se hizo en torno al Capítulo V del proyecto (art. 143 a art. 152), que establece la creación de un nuevo impuesto nacional de vehículos, que se aplicará a los propietarios de estos, ya sean nuevos, usados, o que temporalmente se internen en el territorio nacional.
Según el articulado, “la renta del impuesto nacional a vehículos corresponderá a los municipios, distritos y departamentos”. El gravamen está definido por dos elementos: el valor comercial y el factor de contaminación del vehículo, y aplicaría para los automotores particulares y motos, vehículos de transporte público de pasajeros y de carga, y también los eléctricos e híbridos.
Para Colfecar, “resulta contradictorio argumentar que se quiere promover la sostenibilidad ambiental proponiendo gravar los combustibles fósiles, así como los vehículos de carga, y al mismo tiempo se proponga eliminar las exenciones que hay para el biodiésel, y la imposición de impuestos a los vehículos eléctricos y a las bicicletas”.
En la carta de este gremio, los transportadores argumentaron que “en la actualidad los vehículos de transporte de carga que utilizan diésel ya se encuentran contribuyendo con la mitigación de su impacto ambiental”, por medio del Impuesto Nacional al Carbono, por lo que el componente de contaminación que contempla la norma para el nuevo gravamen, “resulta redundante y al final un sobrecosto más”.
Además, los gremios también criticaron en la carta el efecto del impuesto al combustible, que según estimaciones de Colfecar generaría un sobrecosto anual para el sector transporte de $1,14 billones al año. También la imposición de IVA a servicios postales y de paquetería, que según Colfecar resultaría en un incremento del 19% en el servicio de transporte de mensajería, y también la propuesta de los peajes urbanos.
Al respecto, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, dice que “la reforma tributaria tiene como fin recaudar, pero va en contra de otras políticas que ha impulsado el Gobierno Nacional, y tiene como efecto colateral afectar la movilidad eléctrica”.
De acuerdo con el experto, el proyecto neutraliza los incentivos existentes para el uso de bicicletas eléctricas, mientras que el gravamen a los combustibles, “no tendría un efecto negativo en los costos operacionales del transporte, porque estos están migrando hacia una movilidad eléctrica, pero a mediano plazo sí tendría un impacto en los usuarios de vehículos”.
En lo que va del año, el Ministerio de Transporte ha sostenido 50 reuniones con los gremios transportadores para revisar sus preocupaciones en torno al sector y también a la reforma. Portafolio consultó a la cartera, pero no recibió un pronunciamiento oficial sobre el proyecto.
PEAJES URBANOS
Otro de los cuestionamientos gira en torno al art. 156 del proyecto, que propone que las ciudades capitales instalen peajes dentro de su jurisdicción, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, “sin que medie concepto vinculante previo del Ministerio de Transporte”.
Fedetranscarga argumentó en su misiva que “es hoy relevante el proyecto que cursa en la Cámara sobre la disminución del valor y número de peajes en el país. Esta propuesta se sumará a las 177 casetas que existen actualmente, las 34 programadas a ser instaladas antes que termine el gobierno y las alzas que se dan exorbitantemente en las casetas de la ANI cada vez que se entrega una unidad de obra por las correspondientes concesiones. Seguramente estos valores, una vez se instalen en las capitales estos nuevos peajes, igualmente se trasladaran al comprador de los productos transportados”.
LOS SISTEMAS MASIVOS
Algunas peticiones para el sector también fueron incluidas en el articulado, como el apoyo a los sistemas de transporte masivo que solicitó Asocapitales y los siete sistemas, que acumulan un déficit de $2 billones.
El art. 32 establece «esquemas de cofinanciación, con el apoyo de las entidades territoriales, para los sistemas integrados de transporte masivo», y así suplir el déficit por la pandemia. El aporte sería de 50%, y sería girado por Hacienda con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).
