Más de 250 indígenas del resguardo Chagpien Tordó salieron huyendo de la guerra en el río San Juan, en Chocó, hace tres años. Varias familias han retornado a su territorio, aún sin garantías, pero quienes aún permanecen en la ciudad portuaria, más de 100 integrantes del resguardo, reclaman atención estatal por la pandemia del COVID-19 que les impide salir a buscar su sustento económico.
Cuando la guerra empezó a reclutarles a sus niños tuvieron que salir desplazados de su territorio. La violencia parece haberse ensañado contra el pueblo wounaan del resguardo Chagpien Tordó, ubicado en el municipio del Litoral del San Juan, en el sur del Chocó. Ya pasaron tres años desde la última vez que pisaron su tierra y han tenido que permanecer desterrados en albergues de Buenaventura.
En febrero de 2017, la confrontación entre el Eln y la Fuerza Pública en el San Juan hacía imposible la vida para los habitantes del resguardo. No podían salir a cazar o a pescar, actividades tradicionales para esta comunidad, porque arriesgaban su vida. El Eln les había advertido que no se hacían responsables si alguien del resguardo moría en medio de la confrontación que sostenían con el Ejército. Además, estaban reclutando a los menores edad. Aguantaron confinados unas semanas, pero no les quedó de otra que desplazarse.
Unas 250 personas (60 familias) se embarcaron en lanchas rápidas por el río San Juan, luego por el Calima, en un recorrido de unas cuatro horas hasta llegar al puerto de Buenaventura. Allí se habilitó para esta población el Centro de Atención Integral para la Juventud (Caiju), donde recibieron las primeras ayudas de parte de la Unidad de Víctimas y la alcaldía. Pero el tiempo fue pasando.
“Cuando al principio uno llega desplazado, la atención es más o menos permanente, ahí está la institucionalidad, pero cuando van pasando los meses ya las cosas van cambiando, dicen que la emergencia ya va terminando, y vemos que empieza a faltarnos la alimentación”, dice hoy con frustración José Nilson Chamarra, uno de los líderes de la población desplazada.
En los tres años que han pasado ya en Buenaventura nunca se les ha quitado de la cabeza la idea de que podrán volver a su territorio, donde sus casas hoy ya están roídas por el abandono. Sin embargo, la guerra no ha dado tregua en la zona y ello ha hecho inviable cualquier plan de retorno que formulen con las autoridades. En enero de 2018, por ejemplo, cuando trabajaban en un posible regreso al resguardo, la Fuerza Aérea bombardeó la zona con presencia del Eln y allí estaba Patricia Zarco Chamarra, una joven de 16 años que había sido reclutada por esa guerrilla un año antes. La menor murió a causa de ese bombardeo en la clínica Santa Sofía de Buenaventura el 4 de febrero de ese año. Ese hecho enterró por entonces cualquier posibilidad de ver su tierra de nuevo.
En una ciudad como Buenaventura, dice José Nilson, “como el que no trabaja no come” las familias desplazadas han tenido que buscar oficios que nada tienen que ver con sus actividades tradicionales. “Algunos se van a trabajar en zapatería, otros trabajan en bodegas descargando”. De un tiempo para acá, en un intento por mantener viva su cultura, han estado elaborando artesanías propias de su pueblo: jarrones, platos, manillas, aretes, que venden a los habitantes de Buenaventura.
Aún sin garantías para volver, algunas familias han ido retornando y han preferido estar en medio de la violencia, pero en su tierra, a aguantar hambre en territorio extraño. Así, más de la mitad se ha devuelto por su cuenta (sin acompañamiento de las autoridades) y hoy quedan 24 familias del resguardo Chagpien Tordó en Buenaventura. 15 de ellas en el Caiju y otras 9 regadas en casas de distintos barrios de la ciudad. Su situación hoy, con la cuarentena decretada para contener la pandemia de COVID-19, es crítica.
Todas las labores informales a las que se dedicaban, así como la venta de sus artesanías, quedaron detenidas. Por la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional se vieron de nuevo confinados, como ocurrió en su resguardo antes de que salieran desplazados. Así, dependen completamente de la atención humanitaria de la Unidad de Víctimas, la alcaldía y algunas agencias de cooperación internacional.
Sin embargo, la atención humanitaria de la Unidad llega cada cuatro meses – la última fue entregada a finales de 2019 – y con esta crisis ya no es suficiente para las familias desplazadas. La alcaldía, por su parte, ha tomado medidas para prevenir el contagio del coronavirus, como no permitir la entrada de personas ajenas a la comunidad al albergue. También ha entregado mercados para las 24 familias, el último lo entregó el pasado 8 de abril y antes de ese el 14 de marzo. Igualmente, el Programa Mundial de Alimentos informó que durante abril de 2020 entregará a estas familias alimentos y elementos de aseo.
Para las familias wounaan que permanecen en Buenaventura a la espera de ayudas estatales volver a su resguardo tampoco es una opción. Según la información que han recibido de parte de la comunidad que está allá, actualmente están confinados porque el conflicto armado no se detiene y en la zona tienen presencia el Eln y las Autodefensas Gaitanistas, además de la Fuerza Pública. Por más que hayan pasado tres años, estas familias siguen añorando regresar a su tierra y vivir en el San Juan, aunque “contaminado sí estaba”, pero “todo lo que necesitábamos, lo teníamos allá.»
El Espectador