Redacción
Con una productividad que apunta a quedar en negativo, la inflación toma fuerza para ser el indicador que determinará en gran medida el ajuste del salario mínimo para el otro año, y que se empieza a discutir desde hoy entre empresarios, Gobierno y sindicatos.
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En las últimas semanas, precisamente, el sector privado, centrales obreras y, más recientemente, centros de pensamiento se han manifestado con respecto a lo que necesitaría el país para el próximo año, que sería el periodo que marcaría el ritmo de la recuperación de la economía colombiana.
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Y en ese sentido, algunas de las posiciones apuntan a que el aumento debería estar determinado por la inflación, que a octubre su variación anual iba en 1,75%.
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A su vez, fuentes le aseguraron a este diario que el dato de la productividad, que también hace parte de las mesas de concertación, estaría perdiendo influencia en lo que sería el ajuste para el otro año, teniendo en cuenta que este podría quedar en rojo debido al impacto de la pandemia en la economía.
Para Stefano Farné, director del Observatorio laboral de la Universidad Externado, ese indicador, aunque es parte de la discusión del alza del salario mínimo, no termina siendo tan relevante a la hora de tomar una decisión, debido a que “siempre es muy bajo. Definitivamente es mucho menor que la de Estados Unidos, por ejemplo”.
Cabe recordar, en ese sentido, que el año pasado la productividad total de factores, que considera la laboral y de capital, fue de 2,13, lo que representó una caída en el crecimiento anual de 0,45%. Eso apuntaría a que este año el panorama no sea mejor.
“Con todas las dificultades que ha habido por la pandemia, la productividad es uno de los indicadores más difíciles de medir y que se podría ver afectado”, manifestó Farné.
EL PULSO
Ante ese panorama, la mesa de concertación laboral tiene el reto de acordar un alza del salario mínimo, que el año pasado quedó en $877.803, con un aumento de 6%.
Aunque no se han conocido todavía las propuestas oficiales por parte de los empresarios ni del Gobierno, pues hasta el próximo miércoles se darían a conocer los planteamientos, los que se han manifestado al respecto, insisten en que el ajuste debería ser austero.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, argumentó en la Asamblea de Fenalco, el viernes pasado, que un incremento desmedido, que no sea responsable, no contribuye a recuperar los empleos.
Ante eso, el presidente Iván Duque se refirió a la discusión, que comienza este lunes, y dijo que “el llamado a la prudencia no es un llamado que se le pueda hacer a este Gobierno. No porque nosotros pretendamos tener resueltos todos los interrogantes, sino porque hemos procurado la concertación siempre en materias salariales.
Y lo hemos hecho no solamente sustentados en los indicadores base, sino también pensando en que no se pueden afectar los desarrollos de nuevos puestos de trabajo”.
Una propuesta distinta en el sector privado es la del empresario Mario Hernández, quien le dijo a este diario que el alza debería ser el doble de la inflación. “Lo que menos cuesta es el salario de la gente, lo que nos cuesta son los parafiscales. El Gobierno tiene que ser más eficiente; los empleados y las empresas también. Si vemos casos como el de El Salvador, que exportan más que nosotros y su población es de menos de 8 millones de personas, ¿por qué a nosotros nos falta tanto?”.
Este diario consultó a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), pero señalan que no harán una propuesta pública, hasta que inicien oficialmente las discusiones.
María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, cree que “un aumento desproporcionado del salario mínimo pone en riesgo la competitividad empresarial. Por otro lado, las ayudas estatales son finitas y el Gobierno no cuenta con una chequera ilimitada”.
Los puntos de vista tienen que ver, cabe recordar, con la propuesta conjunta que hicieron las centrales obreras en las que piden subir el salario mínimo a $1 millón, sin incluir el subsidio de transporte, que sería de $120.000. Eso representaría un alza de 13,9% frente al salario vigente para este año.
Eso a su vez sería más del doble del incremento que se decretó el año pasado, que fue de 6%.
A su turno, centros de pensamiento como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y Fedesarrollo, dieron su punto de vista y coincidieron en que el incremento debería ser mucho menor que el que se hizo el año pasado.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, expresó recientemente que el aumento debería estar entre 2% y 2,5%. “La inflación estará por debajo de la meta del Banco República y esa discusión tiene que ir en línea con eso. El otro punto es la productividad, que no creo que crezca mucho este año. Aumentos muy grandes del salario mínimo pondría en riesgo el crecimiento económico”.
En esa línea, Mauricio Santamaría, presidente de Anif, dijo que el ajuste debería estar en un rango de 2% y 3%. “Más allá de ese valor se pondría en riesgo la sostenibilidad de la recuperación económica, en particular la creación del empleo formal, altamente golpeado por la pandemia”.
Precisamente, en un informe de ese centro de estudios, señalan que se ha visto una caída de la demanda, sobre todo en el sector de servicios, así como de las expectativas de los empresarios y los hogares, por lo que hacen un llamado a la prudencia de las discusiones que se avecinan. “Debe haber un balance justo entre la remuneración digna de los trabajadores y la difícil situación por la que está pasando buena parte del empresariado del país”.
¿Y LA DESIGUALDAD?
De forma paralela a la discusión del salario mínimo, los expertos y empresarios también han llamado la atención sobre la necesidad de eliminar barreras que tienen algunos grupos para entrar al mercado laboral, como es el caso de los informa- les, los jóvenes y las mujeres.
Para Maribel Castillo, directora de la carrera de economía de la U. Javeriana de Cali, un aumento muy alto del salario mínimo también podría impactar las altas tasas de informalidad e inactividad.
Asimismo, llama la atención de la necesidad de tener una mirada regional y local en las discusiones. “Una política de empleo con enfoque de equidad es urgente. Es clave que movilice la necesidad de innovación para generar formación en el empleo de manera urgente”.
María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte
