Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de recoger información de lo que sucedió en el Paro Nacional, publicó un informe en el que le hace recomendaciones a Colombia. Una de ellas es que el Gobierno debe “abstenersede prohibirdemanerageneralizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”.
(Vea: Las recomendaciones que la CIDH le hizo a Colombia por las protestas).
Ante la decisión, algunos empresarios y representantes gremiales insisten en la ilegalidad de este tipo de bloqueos y hacen énfasis en el efecto negativo que esto tiene para la economía.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se mostró en desacuerdo con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los bloqueos. “La falta de imparcialidad y objetividad del extenso informe lamentablemente le hace perder toda legitimidad. Es increíble que se desconozca en el informe el derecho de terceros y que se le de reconocimiento a las posibilidades de bloquear y pasar por encima de los derechos fundamentales de los colombianos”.
Según Cabal, “pretender dar estatus de tolerancia a los bloqueos es pasar por encima de los derechos fundamentales de los colombianos”.
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De igual manera, el dirigente expresó su preocupación por las conclusiones del organismo al explicar que, claramente, “no profundiza sobre los derechos de los terceros, que no participan de las manifestaciones pero se ven afectados por el vandalismo y los bloqueos o cortes de ruta como los denominan los investigadores de la Comisión de Derechos Humanos”.
Desde Fenalco dijeron que «pretender dar estatus de tolerancia a los bloqueos es pasar por encima de los derechos fundamentales de los colombianos”.
Por su parte, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo que “existe un consenso en que los acontecimientos que han sucedido desde la convocatoria de las movilizaciones en el marco del Paro Nacional, han desembocado en situaciones complicadas para la vida e integridad de las personas, e impactos en términos de pérdida del aparato productivo”.
“Numerosos comerciantes, con confianza en este ejercicio, acudieron a las convocatorias de la CIDH para contarles cómo el vandalismo y los bloqueos conllevaron a que establecimientos de comercio y empresas tuvieran que cerrar, a terminar contratos de trabajo y en general a interrumpir su producción”, planteó.
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En ese sentido, Uribe invitó a la Comisión a que en el marco del Mecanismo de Seguimiento Especial que operará frente a recomendaciones realizadas, se aproxime a la realidad de los comerciantes que han resultado afectados por estos eventos, que particularmente son micro, pequeños y medianos.
“La Cámara de Comercio de Bogotá será siempre un espacio de encuentro con los empresarios. Nos ponemos a disposición para que se profundice el dialogo y cualquier mecanismo que evite que el tejido empresarial se vea afectado”, agregó.
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Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería (ACM), manifestó que “creemos en la capacidad del Estado, las Instituciones Gubernamentales, el Gobierno Nacional y la ciudadanía para lograr acuerdos dentro de la institucionalidad. Hacemos un llamado para defender entre todos el Estado de Derecho, la democracia y las instituciones que la respaldan, y a unirnos para rechazar cualquier expresión violenta”.
Ahora bien, cabe recordar que los cálculos del Minhacienda apuntan a que un mes de manifestaciones significaron pérdidas para la economía nacional que ascienden a $6,8 billones.
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Según cálculos, en un mes de manifestaciones hubo pérdidas para la economía nacional que ascienden a $6,8 billones.
En ese sentido, Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explicó que los bloqueos demostraron tener un efecto negativo en la economía, a través de las afectaciones a las cadenas de producción y al comercio exterior, por ejemplo. En el impacto de estas obstrucciones también han insistido Anif y Fedesarrollo.
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