Redacción
El año pasado, por la pandemia, 3,5 millones de personas entraron a la pobreza y aunque el golpe hizo que Colombia retrocediera una década en avances en ese frente, los subsidios a los hogares más vulnerables mitigaron parte de ese efecto. Pese al impacto positivo de esas ayudas extra, el futuro de algunas de ellas está en el limbo.
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Cabe recordar que el año pasado, tanto el Gobierno Nacional como algunos gobiernos locales lanzaron ayudas de emergencia para contrarrestar los efectos que la pandemia podría traer en los hogares más vulnerables. Esos subsidios, sumados a los ya existentes, evitaron que 1,7 millones de personas más cayeran en pobreza en 2020, según estimaciones del Dane.
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Precisamente, según el departamento estadístico, si no se hubieran implementado esas ayudas extra, la pobreza monetaria nacional no sería de 42,5% sino de 44,7% para 2020.
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Ese paquete social estuvo compuesto por los giros ordinarios y extraordinarios de los programas de Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, que tienen recursos de la Nación.
A eso se le sumaron la devolución del IVA, que entró en vigencia en 2020, la implementación de Ingreso Solidario y las ayudas locales como Bogotá Solidaria, Bono Vital de Bucaramanga, un bono en Medellín y otro a los pensionados.
Aunque la combinación de todas esas ayudas fue fundamental para que el aumento de la pobreza no fuera peor, para el caso de Ingreso Solidario sólo hay recursos aprobados hasta junio para la iniciativa y fue, precisamente, uno de los más efectivos en evitar que más personas entraran en esa condición.
Según el Departamento de Prosperidad Social, entidad que administra los programas sociales de la Nación, Ingreso Solidario ha llegado a más de 3 millones de familias a la fecha, lo que representa una ayuda incluso más amplia que la de los programas tradicionales.
Ante la posibilidad de que se termine Ingreso Solidario, Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, manifestó que «estamos hablando acá de cerca del 18,3% de todos los hogares en Colombia, todos ellos en condición de pobreza o vulnerabilidad y todos ellos no beneficiarios de otros programas de transferencias del Estado, que de manera repentina dejarían de recibir las transferencias que les permiten sobrellevar la crisis actual ocasionada por la pandemia del covid-19″.
En ese sentido, Correa cita un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que destacan el impacto positivo de este programa. «Atenuó más de la mitad de la caída en el consumo de alimentos de los hogares más afectados. Y hasta condujo a impactos positivos inesperados, por ejemplo, incrementó la posibilidad de gasto en productos de limpieza y en educación, y permitió que los niños y niñas en hogares beneficiarios dedicarán más tiempo para el estudio, entre 27 y 46 minutos más por día«.
EL FUTURO INCIERTO
Ahora bien, pese a que las ayudas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor continúan, expertos consultados llaman la atención sobre la urgencia de que estas ayudas extra, en especial Ingreso Solidario, continúen.
«La idea, entonces, de dejar a los más de 3 millones de hogares beneficiarios del programa, sin este salvavidas que los estudios independientes demuestran que funcionan, más aún en medio de una crisis global que no ha llegado a su fin, nos preocupa sobremanera», apuntó Correa.
Para Jorge Enrique Espitia, investigador del Centro de Política Fiscal de la Universidad Nacional, es necesario pensar en el ingreso básico de emergencia para las personas que se encuentran en condición de pobreza durante el segundo semestre de 2021.
“Si el monto que se le asigna a cada una de las personas en pobreza corresponde a la diferencia entre la línea de pobreza del respectivo dominio geográfico y su ingreso, el monto ascendería a cerca de 3,5% del PIB”, explicó.
En ese sentido, cabe apuntar que la reforma fiscal que fue retirada ante el Congreso tenía un paquete social que buscaba evitar que 1,3 millones de personas entraran en la pobreza con la implementación de dichas ayudas.
Ahora bien, en varios escenarios el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha subrayado la necesidad de que la próxima reforma que se presente ante el Congreso tenga un componente social para ayudar a los más vulnerables. Sin embargo, la nueva iniciativa no se ha radicado ante el Congreso y no está claro cuáles serán las salidas para financiar Ingreso solidario a partir de julio de 2021.
Ante esa situación, Natalia Galvis Arias, consultora en política social, señaló que “la reforma tributaria que se hundió tenía una buena propuesta para seguir mitigando el choque que produjo el covid, y puede ajustarse con la información que recibimos por parte del Dane.
Esta propuesta se debería seguir impulsando porque las cifras prueban que las transferencias tuvieron un efecto muy importante en mitigación en la zona rural, pero que no fueron suficientes en la zona urbana”, dijo y agregó que será clave que las ayudas que se implemente tengan en cuenta las condiciones de cada zona del país y deberían combinar fuentes de financiación del Gobierno nacional y local.
LOS RECURSOS DE LA EMERGENCIA
En medio de esta discusión, en la que no se sabe a ciencia cierta el futuro de Ingreso Solidario, ayer el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Jesús Bejarano, dijo en un debate de control político sobre el uso de los recursos utilizados por la pandemia, que el 73% del total de ese presupuesto ya estaba ejecutado.
Según Bejarano, de los $40,5 billones que tiene el Fondo de Mitigación de EmergenCias, a través del cual se canalizaron las ayudas de emergencia, se han ejecutado $29,5 billones.
Según el viceministro, las áreas en las que la ejecución va más adelantada son la protección al empleo formal (81,5% de ejecución) y las ayudas a la población pobre y vulnerable (78%).
En contraste, la atención a la emergencia sanitaria tiene un 62,8% de ejecución, pues de $15,9 billones que están destinados a ese rubro, $10 billones se han ejecutado entre el 2020 y el 2021.
María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte
