En el marco del Congreso 40 de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), diferentes gremios del agro hicieron un llamado de urgencia sobre las situaciones de inseguridad que se vienen viviendo en las zonas rurales del país, que en un futuro no muy lejano podrían generar un desbalance en la productividad del sector.
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Desde el punto de vista arrocero, Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, detalló que su sector se encuentra, en la mayoría, consternado por las situaciones de extorsión, secuestro y robo de maquinaria, que son solo algunas de las alteraciones a las que se enfrentan.
“Por ejemplo, un arrocero en la zona de Guadalajara, para poder entrar a su finca y sacar la cosecha, tiene que pagar un dinero por cada tonelada de arroz o por cada cabeza de ganado que saque de su finca”, dijo.
Adicionalmente, el presidente del gremio insistió en que si la situación sigue como va, el país va a tener problemas como la disminución de productividad, porque mucha gente está abandonando sus fincas, sus cultivos y “es imposible con la carga de contribución que le piden todos los guerrilleros y las organizaciones delincuenciales que hay en el país”, argumentó.
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Por su parte, Nicolás Pérez, presidente de Fedepalma, dijo que al igual que los arroceros, para los palmeros la extorsión y el robo de productos en las fincas son factores que están por fuera del control del productor.
“Uno no le puede pedir a los productores que sean competitivos, sostenibles y rentables si las condiciones básicas para desarrollar su actividad no están, pues es prácticamente imposible de cumplir. Uno no puede ir a visitar su cultivo para estar seguro que las cosas se están haciendo bien, porque el resultado de la actividad no va a ser el mismo”, añadió.
Asimismo, Pérez sostuvo que la situación se ha venido agravado, pero “no hay que decir que exclusivamente la situación se deterioró desde el cambio de Gobierno”, pero sí indicó que ha se ha sentido una aceleración en muy marcada.
Sector agro
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A su turno, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), explicó que es necesario el acompañamiento de la Fuerza Pública.
“Lamentablemente, tuvimos un suceso trágico en el Huila, donde la hermana de uno de los directores departamentales del Comité de Cafeteros fue asesinada y el CTI no podía llegar a hacer el levantamiento porque era una zona donde no estaba permitida la Fuerza Pública”, indicó.
En ese sentido, Bahamón manifestó que la confianza de los agricultores para usar las tierras en Colombia ha disminuido. “En el Consejo Gremial y con Jorge Bedoya (presidente de la SAC) tuvimos la posibilidad de expresárselo al ministro de Defensa, pero no vemos en la práctica esa posibilidad”.
Así mismo, el mensaje del presidente de la SAC, Jorge Bedoya, ha sido que hoy la seguridad se consolida como la preocupación principal del sector, ya que existe temor a que no se desarrolle la actividad productiva.
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Y aunque el mensaje de seguridad se reiteró por la mayoría de los sectores del agro, la actividad de la caña, en el norte del Cauca, ha sido una de las más afectadas. De hecho, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, aseguró que están en un “SOS”, pues en lo que va del año se han presentado cinco asesinatos de trabajadores y al menos nueve secuestros.
Por su parte, Martha Cecilia Betancourt Morales, directora ejecutiva de Procaña, manifestó que “hay vidas humanas, productores agrícolas que tienen y ejercen la producción legal en sus territorios, y están siendo desplazados. ¿Quién puede sostener un sistema productivo cuando el recurso humano está siendo vulnerado?”.
DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista Portafolio