La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, será llamada a indagatoria por la Procuraduría General de la Nación por la salida irregular de su hijo menor desde Cali hacia Europa en el mes de enero.
Según pudo constatar la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, la jefe de cartera estableció contacto con el funcionario de Migración Colombia, William López, para que permitiera que su hijo pasara el control migratorio, a pesar de que el proceso se realizó sin los permisos requeridos por la ley.
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En ese entonces, la ministra Vélez se encontraba en el Foro Económico en Davos (Suiza) y se presume que tenía acordado verse con su esposo, el neerlandés Sjoerd van Grootheest, y su hijo en Europa.
En el auto de apertura se hace mención de la investigación realizada por EL TIEMPO y se señala que el órgano competente para el proceso contra la ministra será la nueva Sala Disciplinaria de Instrucción.
«Conforme a lo informado en el medio de comunicación, presuntamente la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, se habría valido de su cargo para influir ante un agente de Migración Colombia, con el fin de que facilitará la salida del país de su hijo menor de edad, pese a no contar con el permiso exigido por la ley«, se señala en el auto de apertura de la indagación.
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De igual manera, se añade que para darle claridad a lo sucedido, se ordenó el proceso indagatorio con el objetivo de «obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados y proceder a valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria«.
Lo que busca el Ministerio Público es establecer los datos referentes de la salida del hijo de la ministra del país, es decir, si se contaba con los permisos requeridos y si estos fueron avalados por Migración.
Pese a que la Procuraduría no aplicará el poder preferente sobre este caso que ya admitió Migración Colombia, se quiere establecer el estado del proceso disciplinario y los funcionarios de la entidad que estarían salpicados.
William López, funcionario encargado en ese entonces de las salidas internacionales en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el más importante del Valle del Cauca, está a la espera del agendamiento de la fecha de su diligencia de declaración.
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Adicionalmente, se le pedirá a la Oficina de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía que expida el acta de nombramiento y de posesión, hoja de vida y el certificado de tiempo de servicios de la ministra Vélez para darle apertura el expediente disciplinario.
EL TIEMPO ha pedido a la jefe de cartera su versión de los hechos de manera reiterada, pero no ha obtenido respuesta.
Según explicó Camilo Burbano, abogado penalista, hay dos posibles escenarios para las personas implicadas en el caso.
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En el primero, si en funcionario López profirió una resolución o acto administrativo otorgando la salida del país del menor, sin tener los permisos exigidos por la ley, «podría, eventualmente, haber incurrido en prevaricato, una conducta que implica que un servidor público profiera una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Si ese es el caso, respondería tanto quien profirió la resolución en calidad de autor, como quien lo motivó a hacerlo, en calidad de determinador«.
En el segundo, si no se realizó una resolución manifiestamente contraria al marco legal, se incurriría en el delito de tráfico de influencias de servidor público, «el cual implica que servidor público utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de un servidor público en un asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer«.
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Ya hablando de las posibles sanciones, Burbano explicó que el delito de tráfico de influencias de servidor público tiene una pena de 74 a 144 meses tras las rejas, mientras que el de prevaricato tiene una pena de entre los 18 y los 144 meses de prisión.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – UNIDAD INVESTIGATIVA y JUSTICIA