Las reformas al sistema de justicia del país se encuentran entre varios requisitos impuestos por la Unión Europea para que Italia reciba miles de millones de euros en fondos de recuperación de la pandemia.
Entre los que en las últimas décadas han presionado por la reforma de las reglas para los magistrados se encuentra Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de centro-derecha. Sostuvo que los fiscales de tendencia izquierdista lo habían atacado a él y a su imperio mediático para dañarlo políticamente.
En una reunión de gabinete el viernes, el gobierno decidió varias medidas para limitar el cambio de los magistrados entre sus funciones judiciales y políticas, tanto a nivel nacional como local.
El parlamento debe ahora asumir las reformas para convertirlas en la ley del país.
Según las medidas, los magistrados que se postulan para cargos electivos no pueden hacerlo en las regiones en las que se desempeñaron como jueces o fiscales en los tres años anteriores.
Si resultan electos después de terminado su cargo político, no podrán desempeñar ningún cargo judicial, asignándoles funciones administrativas el Ministerio de Justicia.
En el caso de los magistrados que se postulen para cargos políticos y no resulten electos, deberán transcurrir tres años antes de que puedan volver a ejercer funciones judiciales.
La reforma pretende acabar con la práctica de los «magistrados de puerta giratoria que asumen un cargo político», dijo a periodistas la ministra de Justicia, Marta Cartabia, tras la reunión del Gabinete.
Cartabia, exjefa del Tribunal Constitucional de Italia, ahora forma parte del Gabinete en un papel no político como parte del gobierno de unidad contra la pandemia formado el año pasado por el primer ministro Mario Draghi.
Draghi, exjefe del Banco Central Europeo, también es considerado un tecnócrata.
“Se lo debemos a los ciudadanos que tienen derecho a recuperar la plena confianza en nuestro sistema de magistrados”, dijo Cartabia.
Las carreras como magistrado no pocas veces han servido como trampolín hacia la política.
Un ejemplo de ello es Antonio Di Pietro, uno de los fiscales de Manos Limpias con sede en Milán cuyas investigaciones sobre sobornos en la década de 1990 barrieron con toda una clase política.
Poco después, Di Pietro saltó a la política, se convirtió en ministro y formó su propio movimiento político de centroizquierda.
El sistema de justicia de Italia, a menudo lento, se considera un desincentivo para que los inversores y empresarios hagan negocios en Italia.
«En general, la justicia predecible y segura en un tiempo rápido favorece la inversión extranjera», dijo Draghi. Pero una revisión más completa del sistema de justicia de Italia todavía «es un largo camino», dijo.