La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido una de las instituciones que más controversia política ha generado en el país, especialmente por los intentos de modificación del Centro Democrático, sin que hasta el momento se haya logrado afectar sustancialmente en esa jurisdicción.
No obstante, según sectores defensores del acuerdo de La Habana, en el Presupuesto General de la Nación para el 2021, aprobado en la noche de este lunes en el Congreso, la JEP estaría recibiendo uno de los mayores golpes desde su creación.
De acuerdo con el congresista José Daniel López, según lo aprobado, esta jurisdicción habría quedado desfinanciada en 30.000 millones de pesos y, adicionalmente, le falta el 20 por ciento de los recursos de inversión que necesita para su operación el año entrante.
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“El mayor hueco quedaría en el programa de protección de testigos, víctimas y declarantes. Son personas fundamentales para conocer la verdad de la guerra. Justicia transicional funciona en la medida que la vida e integridad física de quienes allí declaren esté garantizada”, indicó López.
El déficit presupuestal también afecta al sistema de asesoría y representación judicial de las víctimas del conflicto, cuya demanda viene en aumento por la apertura de nuevos macro casos.
En esto coincidió el senador Roy Barreras, quien manifestó que “han atacado a la JEP de múltiples maneras. Hoy el presupuesto presentado por el gobierno y aprobado por sus mayorías asfixió su funcionamiento recortando su presupuesto. Sesión atropellada en la que incluso nos negaron la palabra”.
El mayor hueco quedaría en el programa de protección de testigos, víctimas y declarantes
¿De dónde surgió la polémica? Todo empezó con una proposición presentada tanto en el Senado como en la Cámara, durante la discusión del presupuesto, en la que se solicitaban 30 mil millones de pesos adicionales para la JEP. Como se trata de un tema que compromete recursos de la Nación, esta propuesta debía ser avalada por el Gobierno Nacional, hecho que no ocurrió.
“Hemos hecho un máximo esfuerzo por aumentar los recursos de inversión en todo el presupuesto, que pasaron de 43 a 58.5 billones de pesos (…) Sería irresponsable de mi parte aval una proposición para aumentar aún más el presupuesto, no podemos hacerlo”, argumentó durante la sesión el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Ante la negativa del Gobierno de avalar la propuesta, tanto el Senado como la Cámara procedieron a aprobar el Presupuesto General de la Nación tal cual venía en la ponencia, es decir, sin los 30 mil millones de pesos adicionales para la justicia especial de paz.
Frente a este tema, el viceministro de Hacienda, Juan Londoño, dijo que “ellos (la JEP) esperaban más recursos, pero en ningún momento hubo un recorte” y señaló que los recursos para esta instancia tuvieron un crecimiento.
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Esta decisión fue apoyada por algunos congresistas: “Negamos la proposición que pretendía incrementar el presupuesto de la JEP en 36.000 millones de pesos, un tribunal politizado e ideológicamente afín a los victimarios no merece ni un peso más del bolsillo de los colombianos”, indicó el representante Jaime Felipe Lozada.
Finalmente, luego de toda esta discusión, el Congreso de la República aprobó los 130 artículos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del año 2021, con un monto de 313,9 billones de pesos.
De esta suma, 184,9 billones de pesos corresponden a los gastos de funcionamiento, un monto de 58,5 billones de pesos para la inversión (que tendrá un incremento de 5,5 billones frente a la ponencia inicial), mientras que para el pago de la deuda será de 70,5 billones de pesos.
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