La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputa a seis exlíderes de las FARC, incluyendo a Timochenko, por miles de casos de reclutamiento forzado y crímenes de guerra contra niños y adolescentes.
En una histórica decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis excomandantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su presunta responsabilidad en el reclutamiento de menores de edad y otros delitos de violencia durante el conflicto armado. Entre los imputados están Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y otros miembros del último secretariado de la guerrilla: Jaime Alberto Parra (‘El Médico’), Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, y Julián Gallo (‘Antonio Lozada’).
Los cargos imputados abarcan delitos cometidos entre 1971 y 2016, con un aumento entre 1996 y 2016. En este periodo, 18,677 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado, además de sufrir torturas, homicidios y violencias de género y reproductivas. Según el informe de la JEP, los exlíderes permitieron de forma deliberada que estos crímenes ocurrieran dentro de sus filas, manteniendo una estructura de control que imponía condiciones de sometimiento y violencia sistemática hacia los menores.
La JEP identificó cinco patrones de violencia perpetrados contra los menores: reclutamiento, maltratos y torturas, homicidios, violencia sexual y violencia basada en prejuicios de género o identidad. Aunque la organización proclamaba públicamente prohibiciones contra el reclutamiento de menores de 15 años, las evidencias sugieren que el fenómeno fue sistemático y respondía a una estrategia generalizada. La JEP concluye que el reclutamiento forzado se originó en un contexto de pobreza, aislamiento y falta de presencia estatal, donde los menores eran sometidos a una vida de sufrimiento y violencia sin posibilidad de escape.
Las condiciones de vida dentro de la guerrilla para los menores fueron extremadamente severas, sometiéndolos a entrenamientos extenuantes, combates y un régimen disciplinario que igualaba a los niños con los adultos. Esta cultura de control era implementada para mantener una estricta disciplina y asegurar el sometimiento de los menores a la cadena de mando de la organización. Los líderes de las FARC imponían restricciones extremas a la libertad de los menores, violando constantemente sus derechos fundamentales y robándoles la posibilidad de un futuro distinto.
Las atrocidades de las FARC afectaron de manera particular a comunidades indígenas, donde miles de niños y adolescentes fueron reclutados, sobre todo en las comunidades Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo. La JEP acredita que el 24% de las víctimas de reclutamiento también sufrieron violencias de género dentro de la guerrilla, de las cuales el 91% son mujeres y el 9% hombres, con un porcentaje significativo de víctimas que expresaron identidades de género diversas.
Para construir esta imputación, la JEP analizó informes de entidades estatales y de organizaciones de víctimas, así como registros de desaparecidos y protocolos de necropsia. Además, revisó 951 acreditaciones de sobrevivientes y familiares de menores reclutados y desaparecidos. La Sala de Reconocimiento documentó 18,677 casos únicos de menores reclutados, y en el Caso 07, que estudia estas violaciones, se reconocen 9,854 víctimas, de las cuales 8,903 son miembros de los cinco pueblos indígenas afectados y 951 son víctimas individuales.
Aunque los seis imputados han comparecido ante la JEP y hasta ahora han cumplido con los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, esta imputación abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del conflicto. La JEP continúa avanzando en su labor de esclarecer la verdad y establecer las responsabilidades de quienes ordenaron o permitieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Colombia.
