Home Judiciales Judicializada pareja que presuntamente extorsionaba a candidato a cargo municipal

Judicializada pareja que presuntamente extorsionaba a candidato a cargo municipal

por Redacción BL
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En la foto se aprecia a un funcionario del Cti y otro del Gaula Militar, custodiando a los hoy asegurados. Además. se ve en una mesa el dinero y los celulares incautados.

Un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander presentó ante un juez con función de control de garantías a Johan Camilo Cely Serrano y Nisley Alexa Cáceres Duarte, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

Johan Camilo Cely Serrano y Nisley Alexa Cáceres Duarte, fueron capturados por Gaula Rural Santander componente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Ejército Nacional.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 1 de septiembre del año en curso, cuando la víctima, candidato a un cargo municipal, comenzó a recibir llamadas extorsivas exigiendo el pago de 100 millones de pesos a cambio de no publicar fotografías privadas en redes sociales, que según ellos podrían dañar su imagen pública y carrera política.

La víctima, denunció los hechos y en una entrega controlada organizada con Gaula Rural Santander componente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Ejército Nacional, el 2 de septiembre en el barrio Miraflores de Piedecuesta fueron capturadas en flagrancia las dos personas judicializadas cuando recibían 7 millones de pesos y un celular de alta tecnología.

Cely Serrano y Cáceres Duarte, quedaron con medida de aseguramiento consistente en vigilancia de sistema electrónico.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

DRA/VHGB/LN/DSS

 

 

 

 

 La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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