Un fiscal especializado Gaula de la Seccional Risaralda judicializó ante jueces de control de garantías de Pereira a cinco personas, presuntamente, implicadas en un millonario hurto cometido en Pereira.
Se trata de Paulo César Giraldo Martínez, Henry Morales Figueroa, Luz Aydee Gallego, Iván Darío Buitrago Rodríguez y Sebastián Perea Osorio quienes serían integrantes de la organización delincuencial Cazadores.
Los hechos por los cuales están siendo procesadas estas personas, sucedieron el 11 de noviembre de 2021 en una vivienda ubicada en el sector Cerritos en la capital de Risaralda.
Al parecer, algunos de los procesados portaban prendas de la Policía Nacional lo cual les habría facilitado su ingreso a la residencia donde, al parecer, retuvieron a varios adultos y un menor de 9 años de edad que estaban en el inmueble.
Se presume que los procesados, al parecer, se habrían apropiado de 400 millones de pesos en efectivo que estaban en una caja fuerte; además de joyas.
Durante diligencias de allanamiento y registro, adelantadas por policía judicial CTI y SIJIN, fue posible hallar dinero en efectivo, lo mismo que los elementos de valor y las prendas de uso exclusivo de la Policía, armas de fuego y celulares, entre otros objetos.
Por estos hechos la Fiscalía imputó a los procesados como presuntos responsables de los delitos de hurto agravado y calificado en concurso heterogéneo con secuestro agravado.
Cuatro de los procesados fueron privados de la libertad en centro carcelario y uno más deberá responder al proceso penal en libertad.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/AMBV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
