En uno de los casos se constató que aves y un mono habrían adquirido hábitos que no eran propios de su especie y convivían en estrés.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentaron ante jueces de control de garantías a dos mujeres y un hombre que mantenían en cautiverio y en condiciones no aptas a animales silvestres en Itagüí (Antioquia) y Lebrija (Santander).
Procedimiento de rescate en Antioquia
En una diligencia de registro y allanamiento realizada el pasado 30 de marzo, en un inmueble de la vereda El Ajiza, en Itagüí (Antioquia), fueron recuperados un mono tití cabeza de algodón, un ave turpial y una cotorra carisucia que estaban en cautiverio.
Durante el procedimiento, que contó con el apoyo de las autoridades ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fueron capturados los tenedores de los animales, identificados como Medardo Antonio Areiza y Gloria Peláez Sierra. A estas personas la Fiscalía les imputó el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales.
Fauna silvestre en cautiverio Santander
Una fiscal Gelma imputó a Elva Ramírez el delito de maltrato animal. La mujer sería la responsable de mantener en cautiverio y en precarias condiciones a una guacamaya azul, una lora frente azul y un mono cariblanco, en un parqueadero de Lebrija (Santander).
Los animales fueron rescatados en una inspección realizada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), el 25 de abril de 2022. En la diligencia los funcionarios constataron que los animales habrían adquirido hábitos no propios de su especie, consumían alimentos inadecuados y presentaban episodios de estrés.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/GELMA/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
