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Judicializado presunto responsable de extorsionar a comerciante de Tuluá (Valle del Cauca)

Judicializado presunto responsable de extorsionar a comerciante de Tuluá (Valle del Cauca)

Un joven de 19 años, identificado como Kevin Stiven Fajardo González, fue capturado y enviado a la cárcel por un juez de control de garantías, luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación que lo investiga como presunto responsable de extorsionar a un comerciante del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron desde el 28 de diciembre pasado cuando la víctima recibió varios mensajes de texto en los que le exigían cinco millones de pesos ($5.000.000) a nombre de una organización delictiva llamada ‘La Oficina de Tuluá’ para supuestamente permitirle continuar con el negocio. Lo amenazaban, además, con atentar contra su vida y la de su familia de no entregar el dinero.

Investigadores del Cuepo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar capturaron en flagrancia a hoy imputado, cuando supuestamente recibía la suma de 5 millones de pesos producto de la extorsión. Las autoridades incautaron el dinero y un teléfono celular.

La Fiscalía, en las audiencias concentradas, formuló imputación en contra del capturado por el delito de extorsión, por lo que el juez decidió que el presunto implicado, quien no aceptó cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según la Fiscalía, en contra de Fajardo González existía otra orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, así como de extorsión agravada.

La Fiscalía habla con resultados

MAP/SMLR/CFG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

 

 

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