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Judicializado un hombre que, al parecer, extorsionaba a su excompañera sentimental para no publicar videos íntimos

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Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al Gaula de Boyacá, con apoyo del componente militar, capturaron en flagrancia a Luis Carlos Guaje Mantilla cuando recibía $800.000, al parecer, producto de una extorsión.

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Luis Carlos Guaje Mantilla fue capturado por Servidores del Grupo CTI Gaula Boyacá cuando recibía dinero producto de una presunta extorsión.

Según se logró establecer en la investigación, la víctima habría conocido, a través de redes sociales, a Guaje Mantilla con quien inició un noviazgo que terminó poco después. Esta habría sido la razón por la cual el procesado habría iniciado las amenazas pues, supuestamente, quería obligarla a sostener relaciones sexuales.

El hombre, de 28 años de edad, fue denunciado por la mujer que manifestó haber sido intimidada por el procesado quien le habría exigido la entrega de la referida suma a cambio de no publicar videos íntimos en redes sociales, en páginas con contenido para adultos o hacérselos conocer a sus hijos.

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En el marco de las amenazas el presunto extorsionista habría citado a la víctima a un lugar público para que le entregara el dinero.

Tras conocer la denuncia un fiscal de la Seccional Boyacá coordinó los operativos para capturar al procesado quien fue imputado como el supuesto responsable del delito de extorsión en grado de tentativa, cargo aceptado por el implicado.

Por estos hechos un juez de control de garantías de Duitama le impuso medida de detención domiciliaria.

La Fiscalía habla con resultados

 

MRM/MAGA/MEC

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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