Con su actuar delictivo esta organización habría afectado las finanzas de los ganaderos en, al menos, 505 millones de pesos.
El material probatorio presentado por un fiscal especializado, adscrito a la Seccional Quindío, fue determinante para judicializar a 17 de los presuntos integrantes de la red criminal Themis, y quienes serían responsables del hurto de varias reses; propiedad de ganaderos ubicados en Quindío, Tolima, y Cundinamarca.
De acuerdo con la investigación, esta red de crimen organizado contaba con una estructura interna y roles previamente definidos que le permitían sacrificar animales en potreros y fincas. Posteriormente, la carne era sacada de la zona en vehículos particulares, para ser comercializada.
Labores de policía judicial evidenciaron que el proceder ilegal de esta organización criminal generó pérdidas cercanas a los 505 millones de pesos para los ganaderos afectados.
La Fiscalía imputó a los procesados, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, abigeato; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y secuestro simple.
En audiencias concentradas seis de los investigados fueron imputados en los diferentes centros de reclusión en donde se encuentran privados de la libertad por otros delitos.
Por decisión de un juez de control de garantías, uno de los investigados fue privado de la libertad en intramuros y 10 fueron puestos en libertad y continúan ligados al proceso penal en su contra. La Fiscalía apeló tal decisión.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/LFVB/DSQ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
