Los agentes activos de la Policía Nacional Jonathan Anderson Cuastumal Adrada y Alcisar José Hurtado Prado fueron imputados por la Fiscalía como presuntos coautores de los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.
Los hechos por los que son investigados ocurrieron el 20 de febrero de 2022 en Ipiales (Nariño), cuando una propietaria de un establecimiento comercial se movilizaba en un taxi cuando fue abordada al parecer por los dos uniformados, quienes la habrían hecho descender del automotor exigiéndole, presuntamente, el pago de 1.500 dólares para no capturarla por el delito de tráfico de migrantes.
Luego de colocarle las esposas, los dos policías le habrían indicándo al conductor que los dejara cerca al CAI del barrio Champagnat de este municipio.
Los agentes se comunicaron al parecer con el cuñado de la víctima reiterando la exigencia del pago. El hombre, presuntamente, les entregó a los uniformados $1.500.000. Posteriormente los uniformados le habrían hecho una requisa, despojándolo de $600.000 que portaba.
Una vez liberada, la víctima presentó la denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata de Ipiales.
El 15 marzo de 2022, servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones capturaron a los agentes Jonathan Anderson Cuastumal Adrada y Alcisar José Hurtado Prado, al interior de la Estación de Policía de Ipiales, cumpliendo una orden emitida por el Juzgado Tercero Penal con control de garantías.
Los uniformados no aceptaron cargos y el Juzgado Primero Penal les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La Fiscalía habla con resultados
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JGP/LVB/CFG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
