Redacción
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Los hechos ocurrieron en proceso de contratación que beneficiaba al batallón de Zarzal (Valle del Cauca) para su parque automotor.
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La Fiscalía detectó irregularidades como que se continuó con los tanqueos de combustible de manera irregular a vehículos no oficiales y se habría suministrado aceite para motocicletas cuando no era para ese tipo de vehículos.
Ante un juez de control de garantías de Zarzal (Valle del Cauca), la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos secretarios de gobierno de esa localidad, por presuntamente incurrir en el delito de delitos de interés indebido en la celebración indebida de contratos; peculado por apropiación; fraude procesal; falsedad ideológica en documento público y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y uso de documento falso.
Se trata de los ex secretarios de gobierno Hernán Posada Ponce y Juan Carlos Aguilar Cárdenas, quienes en su calidad de funcionarios públicos para la época de los hechos fungían como secretarios de gobierno titular y encargado, respectivamente.
Labores investigativas dan cuenta de que los hechos ocurrieron entre los años 2020 y 2021, en el que Batallón BITER 3 del municipio de Zarzal (Valle del Cauca) celebró un contrato con el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), por un valor $ 6’000.000, cuyo objeto era prestar el suministro de combustibles Disel, grasas y lubricantes para vehículos de esa entidad.
De acuerdo con las indagaciones realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Dijín de la Policía Nacional, el contrato se cumplió en su totalidad, pero, al parecer, continuaron los tanqueos de gasolina corriente de manera irregular a vehículos
no oficiales y se habría suministrado aceite para motocicletas de dos tiempos. Estas irregularidades se extendieron hasta el año 2023.
Además, se evidenció que, al parecer, se alteraron documentos del contrato, falsificaron facturas y habrían firmado documentos con el fin de acreditar supuestos consumos de combustible.
Para la Fiscalía, Posada Ponce y Aguilar Cárdenas, como supervisores del contrato en mención y como servidores públicos debieron garantizar el adecuado cumplimiento de lo consignado en él y no lo hicieron; permitiendo, supuestamente, la ejecución irregular del mismo.
Por lo anterior, la Fiscalía solicitó orden de captura contra los hoy imputados, quienes se entregaron voluntariamente ante personal de la Dijin de la Policía Nacional, el pasado 21 de marzo, en Zarzal.
Por decisión del juez, los dos ex secretarios, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento, privativa de la libertad, en su lugar de residencia.
Por los mismos hechos fueron capturados y judicializados cinco militares del Batallón Biter 3 y dos particulares.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/MG/DSH/DSVC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
