Ante jueces de control de garantías de Zarzal y Tuluá (Valle del Cauca) la Fiscalía judicializó a Ferney Jaramillo Martínez y a Andrés Felipe Castillo López, de 59 y 21 años, respectivamente. Las dos personas son señaladas como presuntos responsables de incurrir en el delito violencia intrafamiliar por hechos aislados en los referidos municipios.
El primero de los casos sucedió el pasado 22 de enero en un sector despoblado del corregimiento de La Paila donde Ferney Jaramillo -se cree- vendría agrediendo física, verbal y psicológicamente a su pareja sentimental, una mujer de 64 años de edad.
Según la investigación, el más reciente episodio de violencia habría involucrado amenazas con un arma corto punzante por parte del procesado. Hechos como este, al parecer, se vendrían presentando desde hace, dos años. Servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a Jaramillo Martínez en una vía pública de La Paila.
El segundo caso involucra a Andrés Felipe Castillo López quien, presuntamente, maltrató verbal, económica y psicológicamente a su abuela de 76 años de edad y a su tío de 77, quienes se encuentran en condiciones de discapacidad. Estos hechos ocurrieron en la invasión La Playita de Tuluá.
Castillo fue capturado en el sector El Lago de Pereira (Risaralda) por la Policía Metropolitana de Pereira, en cumplimiento de una orden judicial.
En las audiencias concentradas fiscales de la Seccional Valle del Cauca imputaron a los dos procesados cargos por violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar agravada. Por determinación de los jueces cada uno de los presuntos agresores deberá cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios.
La Fiscalía habla con resultados
MAP/MAGA/SMLR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
