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Judicializados ocho presuntos integrantes de grupo delincuencial familiar dedicado a la comercialización de estupefacientes

por Redacción BL
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En la fotografía se aprecian de pie a siete de los presuntos implicados en tráfico de estupefacientes. A lado y lado de ellos hay uniformados de la Policía Nacional. Delante de ellos hay dos mesas y sobre ellas varios elementos. Asimismo, a la derecha hay una camioneta blanca y al lado izquierdo dos motocicletas.

La líder de dicho grupo delincuencial cumplía sentencia condenatoria de cuatro años y nueve meses de prisión, con detención domiciliaria, por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Presunto grupo delincuencial familiar dedicado al tráfico de estupefacientes en cuatro barrios de Cali (Valle del Cauca).

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara  la cárcel a ocho presuntos integrantes de un grupo delincuencial familiar, liderado, presuntamente, por una mujer, dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes, en al menos cuatro barrios de Cali (Valle del Cauca).

Se trata de Mirta Magali Hernández Bastidas (supuesta líder); Darwin Mauricio Hernández Bastidas (Hermano); Edier Rodríguez Yalanda (pareja sentimental); Jhon Edward Hernández Bastidas (Hijo); Juan David Hernández Bastidas (Hijo); Luis Arturo Restrepo (administrador de una de las casas de expendio); Luis Alejandro Benavidez y Anderson David Valencia Valenzuela (guarda de seguridad privada).

El recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física le permitió a la Fiscalía establecer que las personas antes mencionadas tenían el control de líneas de expendio de narcóticos en los barrios Antonio Nariño, Unión de Vivienda Popular, Siloé y El Diamante.

Según la Fiscalía, cada línea contaba con 5 o 10 expendedores y un inmueble, ubicado en el barrio Antonio Nariño para el abastecimiento de las sustancias ilícitas, con un administrador.

Con el trabajo de policía judicial de la Dijin de la Policía Nacional, se pudo establecer que la supuesta líder, quien cumplía detención domiciliaria por una condena de 4 años y 9 meses, salía de su casa con una cédula falsa para evadir a las autoridades. Asimismo, al parecer, compró una camioneta, un celular y abrió cuatro cuentas bancarias.

De otro lado, se estableció que dicho grupo delincuencial habría participado en el hurto de dos motocicletas, las cuales habrían sido extraídas ilícitamente de conjuntos residenciales, al parecer, con la supuesta complicidad de guardas de seguridad privada.

Durante cuatro diligencias de registro y allanamiento, realizadas el 13 de febrero, y ordenadas por un fiscal de la Seccional Cali, la Dijin hizo efectivas las ocho órdenes de captura, así como la incautación de una camioneta, tres motocicletas, un arma de fuego, munición, celulares, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. Asimismo, se ocupó una vivienda que era, al parecer, utilizada para el expendio de estupefacientes y se suspendió el poder dispositivo de los bienes muebles e inmuebles incautados, así como de las cuatro cuentas bancarias.

La Fiscalía le imputó a los capturados, desde su quehacer, los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y municiones, falsedad material en documento público, falsedad personal, destinación ilícita de inmuebles, falsedad marcaria y hurto calificado y agravado.

Por decisión del juez, los presuntos implicados deben cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios, a excepción de Anderson David Valencia Valenzuela a quien le otorgaron la detención domiciliaria.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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