Redacción
La Fiscalía en Sucre, en su misión de combatir la criminalidad que afecta la seguridad ciudadana, judicializó a dos personas que están siendo investigadas en procesos distintos en los municipios de San Marcos y Guaranda.
Se trata de Froilan Antonio Montalvo Ortiz, a quien el ente acusador le imputó el delito de homicidio, por su presunta participación en la muerte de Luis Alberto González. Estos hechos se presentaron a inicios de enero durante una riña. Al parecer, el procesado se valió de un arma blanca para cometer el delito, luego huyó del lugar.
El procesado fue capturado el pasado 25 de enero por la Policía Nacional en el municipio de San Marcos y en las audiencias concentradas no aceptó los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir la medida de aseguramiento en su residencia.
De otra parte, en el municipio de Guaranda, Duvan Salas Navarro fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego en concurso con hurto calificado.
Esta decisión judicial está amparada en los hechos acontecidos el 29 de enero pasado en zona céntrica de esa población, donde Salas Navarro con un arma de fuego, presuntamente, despojó de sus pertenencias a una mujer que se movilizaba en una motocicleta.
Las voces de auxilio de la víctima fueron atendidas por la Policía que se encontraban cerca y capturaron en flagrancia al procesado.
En la audiencia de control de garantías, el juez le impuso a esta persona medida de aseguramiento domiciliaria con brazalete electrónico.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
MEVA/MAGA/WC/MR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
