La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal de la Seccional Quindío permitió que un juez de control de garantías de Buenavista (Quindío) judicializó a seis presuntos integrantes de la organización ilegal Los de la Colina; presuntamente implicados en el comercio de sustancias ilícitas.
Cinco de los procesados fueron enviados a centro carcelario; y uno más fue dejado en libertad en razón a su edad; aunque continúa vinculado al proceso penal.
Según la investigación, adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) los procesados, al menos desde febrero de 2022, vendrían distribuyendo marihuana y cocaína al menudeo en diferentes zonas del municipio de Buenavista.
Labores de policía judicial evidenciaron que, al parecer, entre los presuntos implicados existía un acuerdo para dividirse el territorio en el que venderían los estupefacientes. De esta manera, unos distribuían en las veredas La Granja, Los Juanes y La Cabaña; otro en el parque principal, uno más en el barrio Nuevo Horizonte y el último hacía entregas a domicilio.
Los investigados fueron capturados durante cinco operativos de allanamiento y registro adelantados en los municipios de Buenavista, Circasia y Barcelona (Quindío). En estas acciones fueron incautados estupefacientes, un arma de fuego y municiones.
Los procesados fueron imputados, según su responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de bienes inmuebles y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Ninguno aceptó los cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/LVB/DSQ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
