Un fiscal de la Seccional Santander presentó ante un juez con función de control de garantías a siete presuntos integrantes del Frente 12, Isaías Pardo, de la Segunda Marquetalia, que integra el denominado grupo ilegal Coordinadora Guerrillera del Pacífico, responsable de extorsiones a ganaderos, comerciantes, agricultores y demás personas en los municipios de Sabana de Torres y Barrancabermeja.
Se trata de Juan Sebastián Gil Álvarez, Deibys Manuel Jiménez Zambrano, Anner Elian Díaz Álvarez, Jorge Eliecer Garro Cristancho, Sneider Yesid Figueroa Gómez, Luis Fernando Villegas Fernández y Amed Enrique Álvarez Camelo, quienes fueron imputados con delitos como concierto para delinquir, extorsión, ambos agravados, y fabricación tráfico o porte de armas de fuegos.
La investigación evidenció que los procesados, desde agosto de 2023, vendrían recurriendo a videos, llamadas telefónicas, vallas publicitarias, panfletos y visitas personales para intimidar a las víctimas a quienes les exigían el pago de millonarias sumas de dinero a cambio de permitirles trabajar y permanecer en la zona. Estas acciones generaron varios desplazamientos forzados.
Los hoy judicializados fueron capturados por servidores del CTI de la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional durante nueve allanamientos, en los que se incautaron armas de fuego, celulares y publicidad alusiva al grupo delincuencial.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Gil Álvarez, Jiménez Zambrano, Díaz Álvarez, Garro Cristancho, Figueroa Gómez. Por su parte Villegas Fernández y Álvarez Camelo fueron afectados con medidas no privativas de la libertad.
DRA/LMFO/MAGA/FPW/DSS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
