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Judicializados tres presuntos integrantes de ‘Los Tecnos’, al parecer, responsables de casos de hurto de celulares

En la imagen aparecen dos personas, frente a dos celulares, y entre dos uniformados de la Policía Nacional.

De acuerdo con el ente investigador los imputados harían parte de una organización delincuencial dedicada al hurto especialmente de aparatos tecnológicos en diferentes barrios de Montería, para luego, al parecer, comercializarlos a menor precio.  

Los imputados serían responsables de varios hurtos de celulares donde las víctimas en su mayoría eran mujeres.

Luego de la solicitud de una fiscal de Estructuras de Apoyo (EDA), tres personas fueron judicializadas por los delitos de hurto calificado con circunstancia de agravación punitiva en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir simple con fines de hurto y receptación, cada uno según su responsabilidad.

Se trata de Jorge Enrique Ruiz Hoyos, alias Piolin, Carlos Brayan Martínez Madera, alias Manchado y Juan David Ibarguen, alias El Cali, quienes harían parte de una organización delincuencial dedicada al hurto de celulares, mediante atracos, los cuales habrían sido comercializados posteriormente a menor precio.

La Fiscalía tiene evidencia suficiente para demostrar que los indiciados serían responsable de varios casos de hurto en los barrios Mogambo, Edmundo López, Canta Claro y Pasaje del Río, entre otros, en Montería.

A su vez, los hechos se habrían presentado entre mayo del año anterior y mayo del año en curso y las víctimas en su mayoría fueron mujeres.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

VHGB/CAH/CTVT/DSC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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