Redacción
De acuerdo a la investigación, los recursos asignados a través del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) tenían como objetivo la construcción de la sede propia de la Fiscalía General de la Nación en el municipio.
La Fiscalía General de la Nación, logró la judicialización de Hermes Darío Romero Cuello, concejal de Agustín Codazzi (Cesar), por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
Los hechos que se investigan se habrían registrado en noviembre del 2022, como resultado de una denuncia interpuesta por el afectado.
Según se estableció, Romero Cuello, en su condición de concejal de la localidad, habría exigido la suma de 10 millones pesos al propietario del predio para supuestamente ser repartidos entre todos los integrantes de la corporación, al parecer, con el objetivo de lograr la autorización de compra venta de un inmueble ubicado en el municipio.
De acuerdo a la investigación, los recursos asignados a través del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) tenían como objetivo el fortalecimiento de la justicia con la construcción de la sede de la Fiscalía.
Ante esta situación, el propietario del predio terminó no accediendo a la exigencia hecha y el municipio tampoco avanzó en la aprobación de la compra del predio.
El pasado 13 de marzo un juez con funciones de control de garantías expidió una orden de captura en contra del concejal que se materializó en la sede del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Valledupar.
Por estos hechos, un juez con funciones de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su residencia.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/FAGH/AGG/DSC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
