El juzgado cuarto administrativo de Riohacha admitió demanda contra el alcalde de Maicao por lo que se conoce como violación al principio constitucional de la moralidad administrativa.
La abogada Estercilia Simanca es la apoderada de los doce campesinos querellantes pertenecientes a la región agrícola de Carraipía, escenario donde se dieron los hechos cuyos agricultores sembraron miles de hectáreas de Auyama por invitación del alcalde municipal Mohamad Dasuki.
Aunque el mandatario les ofreció la compra directa del producto, el negocio sufrió serios inconvenientes que dieron al traste del compromiso del burgomaestre con los campesinos, quienes debieron acudir a diversas fuentes económicas para financiar la siembra y posterior cosecha.
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En criterio de Simanca, según el principio de la moralidad administrativa indica que todo servidor público está obligado a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en sus quehaceres administrativos, según la ley 14-37 del 2011 en el código de procedimiento administrativo.
La abogada asegura que los 12 campesinos afectados lo que buscan con esta demanda, es una reparación económica por la exhortación y la invitación que les hiciera el alcalde a sembrar toda la auyama que pudieran en sus predios, para lo cual muchos de ellos se endeudaron y hoy no se encuentran en Maicao buscando otros ingresos para compensar la inversión que hicieron.
Simanca advierte que si bien no hubo un contrato entre las partes, el alcalde actuó como primera autoridad lo cual ya es suficiente para que los afectados le creyeran por el respeto que amerita esa figura.
En medio de los campesinos y el alcalde está la empresa Agro Produce que captaba la auyama, la cual se fue porque según presume la abogada el comodato que se firmó por un año cuatro meses (9 de junio de 2020) ya se venció.
Simanca recuerda que el objetivo de esta demanda no es la empresa compradora, sino el mandatario quien invitó a los agricultores a que hicieran la siembra de manera masiva con la promesa que el intervendría para la compra de la auyama.
La abogada de la etnia wayuu aseveró que detrás del error garrafal del alcalde hay madres de familia, adultos mayores y familias enteras cuyo patrimonio único es la tierra y que se endeudaron con pequeños bancos y cobra diario por lo que tuvieron que huir de la ciudad debido al daño causado por el mandatario maicaero.
