Redacción
Más de medio centenar de proyectos económicos claves, que en marzo pasado hacían fila para su discusión y aprobación en el Congreso de la República siguen represados, o apenas han logrado el aval en las comisiones tercera o cuarta. Hasta ahora, ninguna iniciativa ha sido votada en las plenarias del Senado y la Cámara, es decir que el presidente, Iván Duque, no tiene ninguna ley pendiente de sancionar, aprobada en este periodo de sesiones.
(¿Qué pasará con los proyectos económicos en el Congreso?).
“Estamos trabajando para que la agenda legislativa pendiente salga. Somos conscientes de los inconvenientes causados por la pandemia. Nuestro mensaje al Congreso es que el Gobierno respeta cualquier decisión acerca de la manera de sesionar”, dijo la ministra del Interior, Alicia Arango.
La razón del paso lento al cual avanza la tarea legislativa en el Congreso, es la emergencia generada por la pandemia del coronavirus, que llevó a los congresistas a realizar sesiones virtuales. “Tengo entendido que hay algunas dificultades técnicas para la votación de proyectos en las plenarias”, afirmó el senador conservador, Efraín Cepeda, quien además indicó que el regreso de las sesiones presenciales es complicado mientras estén cerrados los vuelos nacionales.
(Congreso suspende sesiones por coronavirus).
Entre tanto el también senador, David Barguil, asegura que las plenarias virtuales han sido muy productivas en materia de control político. “Los presidentes de Senado y Cámara no han convocado sesiones para votación en plenaria. En las comisiones es fácil votar, pero a la hora de la plenaria es un poco más difícil. Por eso es que se está pensando que a partir del 18 de mayo se hagan sesiones semipresenciales”, dijo Barguil, gestor del proyecto de ‘Borrón y cuenta nueva’, que acaba de pasar en comisiones y está listo para votación en plenaria de Cámara.
La ministra Arango dijo a Portafolio que “el Congreso está trabajando de manera virtual y está tratando de regresar a la normalidad con las medidas de seguridad que amerita esta emergencia. Creo que el regreso está próximo, así lo esperamos, pero depende de los presidentes de Senado y Cámara definir fechas y condiciones del regreso a los debates presenciales”.
La senadora María del Rosario Guerra dijo que en la Comisión Tercera del Senado no ha sido aprobado ni un solo proyecto en este periodo, de un total de cuatro iniciativas que están listos para su trámite. “Esperamos que la semana entrante sean incluidos en la agenda. La verdad es que nos hemos dedicado fundamentalmente a hacer debates de control político”.
PREOCUPACIÓN DE LOS GREMIOS
Portafolio conoció que el sector privado está muy preocupado por el atraso en la agenda legislativa y, por eso recibió con buenos ojos el anuncio de que el Gobierno convocará al Congreso de la República a sesiones extras, al igual que plantea la posibilidad de reiniciarlas de forma semipresencial, para acelerar su tarea.
Los empresarios esperan que avancen proyectos como el de Habeas Data que está pendiente de dar la última votación en la plenaria de Cámara. Igualmente, están a la expectativa de que avance el proyecto de plazos justos de pago a proveedores que debe surtir el debate en la plenaria de Cámara para seguir su curso en el Senado de la República.
La Ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que con la declaración de la Emergencia Económica, el Gobierno está sacando los decretos que nos permiten buscar las soluciones que el país necesita de manera urgente ante esta grave situación que nos está dejando el Coronavirus. “La crisis, seguramente, nos va a llevar a preparar una agenda legislativa en varios frentes para atender los problemas sociales y económicos provocados por el virus. En eso estamos trabajando intensamente, pero hay que esperar un poco para definir proyectos, alcance de los mismos y prioridades. Por lo pronto están priorizados: conciliación pliegos tipo para licitaciones, cadena perpetua para violadores, reglamentación de la Ley de Regalías. Los tiempos en esta legislatura no dan para darle trámite a proyectos de ley como la Reforma Electoral y la Reforma a la Justicia”.
La Mininterior también afirmó que el Gobierno considera importante adoptar medidas de fondo que reactiven la economía, que enfrenten el drama del desempleo, la caída de la inversión y el fortalecimiento permanente de los sistemas de salud. “Todo esto provocado por la pandemia. El gobierno entiende que las soluciones no dan espera”.
Por su parte el Ministerio de Hacienda sostiene que los planes en materia legislativa, eran tramitar en este primer periodo el proyecto de protección a la vejez y el de crecimiento sostenible, “pero como es obvio, no se pudieron presentar, y la idea es llevarlas en este segundo periodo”. A esto se sumaría una propuesta de reforma al mercado de capitales. Por ahora, eso es lo que está en cabeza de la entidad citada. Esta cartera ha señalado que sus proyectos serán aplazados para el segundo semestre. Eso significa que el poco avance legislativo también toca al Gobierno, debido a la emergencia de salud. Mientras a comienzos de año el Ejecutivo planeaba tramitar iniciativas económicas y sociales clave como la de atención a la vejez y la creación del Ministerio de la Familia, estos seguirán aplazados.
OTROS PROYECTOS
Uno de los debates pendientes en el Congreso de la República es el estudio del proyecto de ley que reglamentará la reforma al Sistema General de Regalías (SGR), norma que fue aprobada por el legislativo en diciembre pasado. Con la reforma, impulsada por los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la asignación de regalías para las regiones productoras aumenta de un 11% a un 25%, los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas recibirán más recursos, pasando de recibir un 10,7% a un 15% del total de regalías.
Así mismo, está pendiente el proyecto que daría vía libre a la minería y el petróleo en los municipios. Se trata de la ley que reglamenta el procedimiento de coordinación y concurrencia, que permite no solo que la Nación acceda a la producción de los recursos del subsuelo, sino que además espanta el fantasma de las consultas populares mineras, el cual sería presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República. “En este sentido el país ha avanzado en materia jurisprudencial lo que le dará más certeza al sector minero”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
De la misma manera, en fila figura el proyecto en el que el Gobierno busca cambiarle la cara a la Consulta Previa. Y para lograr su cometido, el Ejecutivo prepara dos caminos para realizar la tarea.
El primero, creando (gracias a un de decreto) una entidad independiente en lo operacional y financiero, pero adscrita al Ministerio del Interior. Y el segundo, una reforma al contenido mismo de la Consulta Previa, a través del trámite de una ley ordinaria en el Legislativo.
El Ministerio del Interior tiene listo un decreto con el cual le dará vida a la Dirección de Consulta Previa.
El Gobierno Nacional tiene pendiente radicar un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la explotación ilícita de minerales. La iniciativa, es impulsada por los ministerios de Minas y Energía, y Defensa.
La emergencia también aplazó la ‘Conversación Nacional’, de donde saldrían una serie de proyectos de ley que buscarían institucionalizar los acuerdos entre el Gobierno y las comunidades, luego de las protestas de finales de 2019.
Otros proyectos que tendría para su estudio el Senado serían los siguientes, la mayoría de ellos de origen parlamentario:
Garantizar un salario mínimo justo; definir medidas en relación con los peajes; crear la cátedra del medio ambiente en la educación media; tarifas diferenciadas para licencias de conducción, y regular los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos.
En el Senado sobresalen iniciativas como la que busca la exención legal del pago de las tarifas de las pruebas Icfes de la educación media, Saber 11.
También está la creación de la Superintendencia de Educación y del Fondo Especial de Financiamiento Agrícola, el que modifica el Código Sustantivo del Trabajo y establece la licencia matrimonial.
Así mismo, se tramita un proyecto que propone medidas administrativas asociadas a las inhabilidades para contratar de manera directa y la bancarización de ciertas operaciones que involucran recursos públicos.
