Redacción
Para conocer de cerca la situación del puerto y escuchar a sus pobladores sobra la crítica situación que los afecta, la Comisión de la Verdad asiste desde ayer al Distrito de Buenaventura.
Se trata de un ejercicio en que sus integrantes se reúnen con líderes sociales, gremios y dirigentes políticos y sociales para analizar las causas del deterioro humanitario que se vive en el municipio desde hace ya casi tres meses.
El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y Leyner Palacios, comisionado de la Verdad, asistieron al conversatorio en el que escucharon, en privado, a más de 15 delegados de distintos sectores de la sociedad bonaverense sobre las causas y consecuencias del conflicto armado que afecta al principal puerto colombiano sobre el Pacífico.
Aunque no hubo declaraciones públicas por seguridad de los asistentes, trascendió que los dirigentes les pidieron a los comisionados interceder ante el Gobierno nacional para que se adopten medidas de fondo, como inversión social y garantías de seguridad y no repetición frente a fenómenos violentos como como la estigmatización, los asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales y las agresiones de género.
Frente al tema, el comisionado Lyner Palacio dijo que la Comisión de la Verdad recordó que en noviembre próximo la entidad tendrá que presentar su informe final que tendrá un enfoque de reconciliación, pero se comprometió a defender la inclusión del tema de Buenaventura.
Al respecto, el padre De Roux invitó a sus interlocutores a “no tenerle miedo a la verdad”, y les dijo que “nosotros, desde la Comisión de la Verdad, vamos a decir unas verdades muy profundas. Nosotros queremos depositar en ustedes el legado de la Comisión porque lo hemos trabajado juntos y porque ustedes venían luchando por esto desde mucho antes de que nosotros existiéramos y lo van a continuar”, dijo De Roux como presidente de esa instancia de la justicia transicional.
La visita de esta Comisión al Distrito Portuario fue programada desde la semana pasada cuando el Comité Interinstitucional del Sistema Integral de justicia transicional que integra con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas les pidieron al Estado hacer presencia de manera integral en el suroccidente del país.
Según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en 2021 se ha presentado un incremento de la violencia en Buenaventura con más de 112 familias víctimas de desplazamientos forzados, 20 asesinatos y siete personas se presumen desaparecidas.
Avanza plan de seguridad
De otro lado, las autoridades continúan propinando duros golpes a la banda criminal conocida como ‘La Local’, a la que se le atribuye la ola de violencia en ese municipio vallecaucano.
‘La Local’, como se sabe, por disputas internas por el control del tráfico de drogas, se dividió en dos estructuras delincuenciales, ‘los Shotas’ y ‘los Espartanos’ que mantienen enfrentamientos armados desde hace casi tres meses.
Tropas de la Armada Nacional de Colombia de forma coordinada con el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron 14 allanamientos de forma simultánea en siete comunas de Buenaventura.
El resultado de estos operativos permitió la incautación de varias armas: 2 subametralladoras, 1 pistola, 2 revólveres, 1 escopeta, 1 granada, 166 cartuchos de diferentes calibres, 2 radios de comunicación, 4 celulares y 250 dosis de marihuana.
Igualmente, la captura de 11 presuntos integrantes del grupo criminal ‘La Local’, entre ellos tres con orden de captura y ocho en situación de flagrancia, además de la recuperación de un menor de edad que fue puesto a órdenes de las autoridades administrativas correspondientes.
Los capturados deberán responder por los delitos de homicidio, extorsión, tráfico y porte de armas de fuego y comercialización de estupefacientes. El armamento, la munición, los capturados y el menor recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
El Nuevo Siglo
