La Comisión Europea ha iniciado la que ya es su cuarta investigación contra Google: en los últimos tres años, las multas impuestas por las instituciones comunitarias contra la compañía ascienden hasta los 8.000 millones de dólares.
La última, hace apenas unos meses, de 1.500 millones por prácticas abusivas en su política publicitaria. De hecho, Google ya ha gastado tanto dinero en multas de la UE que le ha dedicado una partida en sus resultados financieros.
Antes de eso, el motivo de las investigaciones había sido sus prácticas anticompetitivas relacionadas con Google Shopping (2017), así como con Android (2018), cuando la UE consideró ilegales los acuerdos a los que llegó la compañía con los fabricantes de móviles para exigirles que renunciasen a desarrollar móviles equipados con versiones de Android que no contasen con el respaldo de Google.
El problema: uso de datos y derechos de autor
Pero, en esta ocasión, su interés se centra en otros dos campos: las prácticas de recolección de datos de Google, y sus políticas de copyright.
Competencia ha enviado cuestionarios a diversos partners de Google para interesarse por los acuerdos que han firmado con la compañía del buscador para compartir datos, concretamente aquellos relacionados con servicios locales de búsqueda, servicios de inicio de sesión, publicidad online y navegadores web.
Google se ha defendido, mediante declaraciones de un portavoz, alegando que ellos se limitan a usar «los datos para que nuestros servicios sean más útiles y para que muestren publicidad relevante, mientras proporcionamos a la gente los controles para administrar, eliminar o transferir sus datos».
Por otra parte, las autoridades francesas han hecho llegar a Margrethe Vestager, recién reelegida comisaria de Competencia de la UE, su protesta por las supuestas violaciones de los derechos de autor, un mes después de que Emmanuel Macron ordenase a las autoridades de su país que investigasen el hecho de que la compañía esté evitando remunerar a los editores de prensa por mostrar enlaces a sus medios en los resultados de búsqueda.
Dicha remuneración cuenta con el soporte legal de la transposición de la Directiva europea de derechos de autor, que Francia ha sido el primer país en transponer a su legislación nacional. En este caso, Google se ha limitado a señalar, a través de un comunicado, que por su parte «estarán felices de responder a cualquier duda que pueda tener» el regulador francés de competencia.
Aunque Vestager ha sido duramente criticada en los EE.UU. por su actitud ante las grandes compañías tecnológicas (mayoritariamente estadounidenses), lo cierto es que también en su país de origen Google se está enfrentando a otra investigación por prácticas monopolísticas (en este caso, junto a Amazon, Apple y Facebook): lo anunció, el pasado mes de julio, el Departamento de Justicia estadounidense, semanas después de solicitarlo el opositor Partido Demócrata.
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