Redacción
A dos meses de que el presidente Juan Manuel Santos deje su mandato y a dos semanas de la elección de su reemplazo, dos casos de asesinatos de líderes sociales en el Pacífico volvieron a prender las alarmas en torno a la seguridad de defensores de derechos humanos en zonas donde el posconflicto no ha aterrizado, una problemática que no ha sido central en la campaña electoral que está terminando.
Este fin de semana fue asesinado un líder en Nariño y las autoridades tratan de establecer si a Iber Angulo y tres de sus familiares, también defensores de derechos humanos, les pasó lo mismo en El Naya en Buenaventura. Ellos se suman a la lista de 282 líderes muertos entre 2016 e inicios de 2018, según la Defensoría del Pueblo.
Mientras el Gobierno pidió a la Fiscalía que esclarezca los hechos, ni Iván Duque ni Gustavo Petro, en plena campaña, se pronunciaron al respecto.
El nuevo caso en Nariño
Este fin de semana fue asesinado Carlos Jimmy Prado, un defensor de derechos humanos, líder social, integrante de Asocoetnar (Asociación de consejos comunitarios de Nariño) y miembro del espacio nacional de consulta previa, en Bocas de Satinga, cabecera municipal de Olaya Herrera, en el norte de la costa Pacífica nariñense.
Si bien hasta ahora no se sabe quiénes lo asesinaron ni por qué, según nos confirmó el defensor del pueblo de Tumaco, Gieseken Alegría, Prado había denunciado amenazas contra su vida el año pasado, por lo que el líder contaba con medidas de seguridad como un chaleco antibalas y un celular.
Ni en la Fiscalía ni en la Defensoría nos dijeron cuáles eran las causas de estas amenazas, por considerarlas información restringida, según nos dijeron en la última entidad.
El defensor Alegría le dijo a La Silla que en Olaya Herrera y los municipios aledaños actúa el ELN, el grupo de disidencias Guerrillas Unidas del Pacífico al mando de alias ‘David’, que también delinque en Tumaco y un grupo narcotraficante que no tienen plenamente identificado.
Esta zona es importante para los grupos armados, que se los disputan entre sí tras la salida de las Farc, porque es un corredor que conecta los ríos Telembí y Patía con el mar Pacífico no solo para sacar coca, sino para movilizar gente y armas hacia la cordillera occidental.
Según el Defensor, el domingo hubo dos denuncias más sobre dos dirigentes políticos que manifestaron amenazas en su contra y ayer en la madrugada hubo otro asesinato de un mototaxista, al parecer, según nos dijo el secretario de gobierno de Olaya Herrera, Bladimir Guisamano, por no pagar una extorsión a la disidencia que opera en la zona.
Y si bien la atención del Gobierno sobre Nariño en el posconflicto se ha centrado en una nueva operación militar para contrarrestar la aparición de las disidencias de Guacho y David principalmente, atacar al ELN y el Clan del Golfo, además de garantizar la sustitución de cultivos ilícitos, la situación de violencia contra líderes sociales y apariciones de nuevos grupos no solo ocurre en este departamento.
Así quedó demostrado este fin de semana con una nueva disidencia en Buenaventura, a la que se le señala de asesinar a otros líderes del principal puerto de la región.
Apareció una disidencia en Buenaventura
El otro caso de asesinatos de líderes sociales habría ocurrido en la región de El Naya, una zona extensa del Pacífico en los límites entre Buenaventura, Valle del Cauca, y López de Micay en el Cauca.
Cuatro líderes sociales de esa zona, Obdulio Angulo, Hermes Angulo, y Simeón Olave Angulo (que fueron secuestrados el 17 de abril), e Íber Angulo Zamora (que fue secuestrado el 6 de mayo), habrían sido asesinados por un grupo de disidentes autodenominado Frente Fuerza Unida del Pacífico. Sobre su paradero hay dos versiones.
Mientras ayer la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que no había confirmación militar de ese asesinato, la disidencia sacó un video este fin de semana reconociendo los crímenes, que la Policía investiga.
De este grupo se supo por primera vez la semana pasada cuando a través de un video que llegó a la oficina de Gestión de Paz del Valle afirmó que no era una disidencia, sino un frente activo de las Farc, que hacía presencia en la región a través del frente 30 de las Farc.
La disidencia está comandada por Julián Martínez, alias ‘Chumbi’ un exmiembro de ese frente, según confirmó el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, vicealmirante Orlando Romero.
A la disidencia se le acusa de secuestrar a los líderes (incluso a Iber se lo llevaron cuando estaba en compañía de la Defensoría del Pueblo que lo estaba sacando de la zona) y en el video justificó el múltiple asesinato diciendo que tenían supuestos nexos con grupos paramilitares y niegan que hayan sido líderes sociales.
Pero sí lo eran. Obdulio, Hermes, Simeón e Íber hacían parte del Consejo Comunitario Río Naya, incluso Íber era el representante legal de la comunidad Juan Santos, en la zona rural de Buenaventura y su secuestro fue rechazado por el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Como protesta por los secuestros de los primeros tres en abril, las 64 comunidades del consejo comunitario afro se declararon en asamblea permanente.
El secuestro de los líderes según la Defensoría propinó el desplazamiento de familias que han llegado a Buenaventura (145 según datos del Consejo Comunitario El Naya) y el confinamiento de otras más en las comunidades de Concepción, Las Pavas, San Francisco, Puerto Merizalde y Joaquincito donde el defensor del pueblo, Carlos Negret, pidió la presencia de las Fuerzas Militares.
Según contó El Espectador los disidentes presionaban a la comunidad para que les guardaran droga, armas y objetos robados en sus casas, algo a lo que los líderes sociales se opusieron y por eso los mataron.
Estos dos casos de asesinatos, más la aparición de otra disidencia ahora en Buenaventura, demuestra nuevamente que la seguridad en el Pacífico es la principal problemática de la región, que ha impedido el aterrizaje de la implementación del Acuerdo a cabalidad y que, además, es uno de los puntos clave a poner atención de quien sea electo Presidente en dos semanas.
La deuda de Santos y el reto de su reemplazo
Aunque el gobierno Santos se comprometió con los líderes sociales a cumplir con su protección e incluso prometió en Buenaventura aplicar el decreto que faculta a la Unidad Nacional de Protección a construir con las comunidades las rutas de protección para garantizar su seguridad, según los líderes del paro cívico esto no ha ocurrido.
Incluso en febrero, cuando el Gobierno hizo un acto público de reconocimiento a los líderes del paro tras el asesinato de Temístocles Machado, reafirmó las promesas de más y mejores medidas de seguridad.
“Los métodos de protección que tienen no son aplicables para los líderes de las zonas rurales. De qué les sirve un botón de pánico, un celular, un carro o un guardaespaldas. Eso lo que hace es ponerlos más en riesgo, se vuelven objetivo militar”, dijo el padre John Reina, líder del paro cívico del puerto a La Silla.
Según él, lo que las comunidades siempre han pedido es tener unas medidas colectivas de protección que implica reconstruir el tejido social, llevar el Estado a las regiones, que la organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía funcionen. “Que la justicia social opere, para que los líderes no tengan que salir a reclamar sus derechos”, dijo.
“El Estado falló en la implementación del Acuerdo de Paz porque se focalizó en el desarme de las Farc y no en aterrizarlos en la gente a la que le violentaron sus derechos”, agregó.
Si bien el tiempo corre en contra para que el actual Gobierno revierta la situación de los líderes y atenúe el lunar de la implementación de los Acuerdos, el ‘chicharrón’ le queda a quien lo suceda.
En este caso, las propuestas de los dos finalistas varían en torno a qué hacer para proteger a las comunidades.
Petro promete el reconocimiento de su Gobierno a las autoridades indígenas y afro como “mecanismo de protección física y espiritual”, el fortalecimiento institucional del Estado para protegerlos, la creación de lo que su programa llama “unidades administrativas que cuenten con autonomía y recursos suficientes” y que su Gobierno intervendrá a favor de las comunidades cuando un título minero, obras o proyectos sean una amenaza para ellos, y así reducir el riesgo de amenazas y asesinatos en su contra.
Duque no tiene una propuesta explícita para proteger a los líderes sociales y defensores. En su programa promete mano dura para los ilegales, fortalecer las fuerzas armadas en las zonas de conflicto y de llevar inversión social en educación, cultura y empleo e integrar a las comunidades “al acceso exitoso de los bienes públicos provistos por el Estado”.
Aunque no se haya hablado de los asesinatos de líderes sociales en la campaña -hasta ahora-, tanto en Buenaventura como en Nariño lo que esperan ellos es que sea quien sea el que llegue, no los sigan matando.
La Silla Vacia
