Con riesgos como el que se ha visto con los bloqueos en las calles, un aumento de la pobreza y la posibilidad de la pérdida del grado de inversión ya en todas las calificadoras (S&P y Fitch ya lo hicieron), al Ejecutivo le quedan pocos días para tramitar la reforma tributaria 2.0 que ayude a impulsar la economía en medio de una de las peores crisis para el país en su historia moderna.
(Reforma tributaria 2.0 no tocará IVA, pensiones, ni la base gravable).
Cabe recordar que el estallido social que se dejó ver desde el 28 de abril pasado, detonado por la presentación del respectivo proyecto de ley, le cambió los planes al Gobierno, que finalmente tuvo que retirar el articulado el 2 de mayo.
Pese a eso y a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el descontento social se mantuvo vivo y solo hasta después de más de 40 días el Comité del Paro anunció que detenía temporalmente las protestas.
(El 69% de la reforma tributaria 2.0 vendría de impuestos a empresas).
Con esa complicada fotografía, el equipo económico del Gobierno enfrentó la dura tarea de conseguir consensos para el nuevo proyecto de ley, denominado Inversión Social.
La propuesta inicial esperaba recaudar unos $28 billones y se prevé que la nueva recoja entre $15 billones.
Según José Manuel Restrepo, actual ministro de Hacienda –y quien se encargó de reunir con varios sectores de la sociedad desde que fue designado en esa cartera–, entre los acuerdos que se han logrado es que sean las empresas y las personas de más altos ingresos las que financien la propuesta y aporten la mayor tajada del recaudo tributario.
Incluso, en las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda emprendió una gira por siete regiones del país en las que se buscó socializar sus ideas y lograr más acuerdos entre varios sectores.
(Paquete social bajaría la pobreza, pero no al nivel del 2019).
“Ha habido consentimiento en no tocar a la clase media, no aumentar la base de personas naturales en renta, no afectar el IVA y no tocar a los pensionados, sino en acudir a proposiciones como la de la Andi, que ha señalado que el sector empresarial quiere contribuir al objetivo. Va por buen camino la construcción de consensos”, dijo el ministro.
Precisamente, el ofrecimiento que más ganó espacio entre los principales sectores, incluyendo el de los líderes del Comité del Paro, es la iniciativa que planteó la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).
Según esa entidad, también apoyada por el Consejo Gremial Nacional, los recursos vendrían de revertir lo que se definió en la pasada reforma tributaria del 2019 y que incluye suspender el descuento del ICA ($5,2 billones), aplazar el beneficio de renta para empresas ($6,2 billones) y un impuesto al patrimonio para personas naturales por dos años ($1 billón).
Como resultado –calculan–, se podrían recaudar $12,4 billones de forma recurrente. Y a ese monto se le suman otros $3 billones que saldrían de reducir el gasto y la evasión, y de fijar un IVA a productos de lujo o suntuarios.
En total, la propuesta de la Andi ofrece generar $15,4 billones en ingresos recurrentes para la Nación.
LOS CONSENSOS
Además de las principales fuentes de recaudo, el ministro de Hacienda ha hecho énfasis en que la nueva propuesta de reforma tributaria no tocaría el IVA ni haría que más personas que no declaran ni pagan renta lo hagan.
Eso implica, en otras palabras, que no se afectaría la clase media, ni las más pobres y vulnerables. Y en un decálogo de acuerdos presentado por la cartera de Hacienda también se señala que los otros ejes de la ‘tributaria 2.0’ serían proteger la estabilidad de las finanzas públicas, adelantar un programa de austeridad ambicioso, fortalecer la lucha contra la evasión, generar las condiciones para la reactivación, proteger a los más vulnerables y hacer que el articulado sea breve.
(¿Por qué se necesitaría otra tributaria en 2022? Anif da sus razones).
En cuanto al plan de austeridad, el recaudo a través de la lucha contra la evasión, el anticontrabando y lo que se apruebe en la tributaria sería de hasta $19 billones.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en efecto, la meta para el 2021 por gestión de recaudo es de $16 billones, pero el monto podría subir tres billones más si se aprueban medidas que están contenidas en la reforma tributaria como, por ejemplo, las de facturar renta y poder controlar, a través de beneficiarios finales y de georeferenciación, los valores a precios del mercado. Eso quiere decir, en otras palabras, que con la tributaria el país podría recaudar al menos $4 billones más al ejecutar el plan antievasión.
A ello se le suma que también hay unas líneas claras para reducir el gasto público, con un ‘apretón’ del cinturón por parte del Gobierno.
Eso se haría tangible a partir del recorte de compras innecesarias, de la asignación de menos recursos para viáticos, de reducción del arrendamiento de oficinas y de evitar al máximo los eventos presenciales.
Con esa imagen más clara, algunas fuentes cercanas al proceso en el Congreso señalan que las cuentas del Ministerio de Hacienda apuntan a que el 40% del recaudo provendría de más impuestos a empresas y a las personas naturales de mayores ingresos.
Además, otro 20%, aproximadamente, sería por la austeridad en el gasto público, un 20% en la prevención de evasión y elusión de impuestos y un porcentaje menor de la venta de activos de la Nación.
EL CAMINO QUE QUEDA
Mientras el Gobierno recorre ese camino empedrado, los expertos apuntan que tanto la continuación de programas sociales como la estabilidad de las finanzas públicas y una reducción del hueco fiscal, no dan espera.
Según Anif y Fedesarrollo, que también plantearon unas alternativas de tributaria más austera, ese proyecto de ley es “inaplazable”.
“La reforma es una obligación. El país debe solucionar los problemas de recaudo que se requieren para pagar la deuda que ya traíamos”, apuntó Anif en uno de los informes en los que planteó una propuesta nueva del proyecto tributario para el país.
Además de la urgencia de estabilizar las finanzas públicas y asegurar unos programas sociales para atender un aumento de la pobreza por la pandemia, las calificadoras de riesgo estaban a la espera de ver qué ocurría con el proyecto para tomar una decisión. No obstante, el deterioro del lado fiscal, la mayor deuda y la incertidumbre por la evolución del país en el mediano plazo hicieron que recientemente Fitch también le retirara al país el grado de inversión, dejando la nota en BB+.
De esa forma, se sumó a S&P, quien ya había tomado la misma decisión semanas antes. Moody’s sería la única de las tres grandes que aseguró que esperará a conocer el proyecto. Para Renzo Merino, vicepresidente de Moody’s Investors Service y analista principal de la calificadora para Colombia, la firma está a la expectativa de la presentación de la propuesta.
“Si lo que se presenta no es suficientes para demostrar que el país puede garantizar una sostenibilidad fiscal, es muy probable que la decisión que tomemos sea bajar la calificación”. Por eso es que, según plantean analistas y expertos, el tiempo se le acaba al Gobierno para tramitar una reforma tributaria en medio de uno de los momentos de crisis más complicados de los que ha sido testigo el país. Llegó la hora.
María Camila González Olarte
Periodista de Portafolio