Cada vez más el país le hace el quite al fenómeno de la minería ilegal de oro de aluvión. Sin embargo un reciente monitoreo revela que aún en el territorio nacional esta actividad ilícita tiene arrasadas 52.000 hectáreas de tierra.
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La cifra fue revelada en el informe ‘Colombia, explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota 2018’, el cual fue realizado por el Ministerio de Minas y Energía (MME), la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
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Los resultados del estudio indican que el país pasó de 83.620 hectáreas (Ha.) en 2016 a 92.046 Ha. en 2018 dedicadas a la actividad (entre legal e ilegal). De igual manera, otro de los puntos que más llama la atención del monitoreo es la reducción leve (3.000 Ha.) en la citada explotación ilegal de oro en lechos de río, ya que eran 55.000 Ha. en el 2016.
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Así mismo, el informe subraya que el 57% de las evidencias encontradas se realizan en áreas sin ningún tipo de permiso para desarrollar actividad minera, mientras que el 36% es en zonas en proceso de formalización para ser considerada como actividad legal y, el 7% restante, cumple con los requisitos que dictan las autoridades ambientales y tienen la obligación de la restauración del área intervenida.
“Este estudio, geográfico muestra cuantas hectáreas están ocupadas con explotación ilícita de oro de aluvión. Y la tarea del Gobierno Nacionales a partir de esta información, es traer a la legalidad a los mineros artesanales que aún quedan en ese 57%, y así mismo establecer con las autoridades en que zonas es donde los grupos ilegales hacen esta práctica”, señaló la viceministra de Minas, Carolina Rojas.
La funcionaria agregó que desde el MME se han ofrecido nuevas fórmulas para que más mineros logren pasar a la legalidad.
“Para esta tarea se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) una serie de herramientas que van a permitir las tareas de formalización, así como el de hacerles un acompañamiento desde el punto de vista extractivo, como ambiental, para que cumplan con todos los requisitos”, precisó Rojas.
Desde que entró en vigencia el PND del actual Gobierno, se ha logrado legalizar a 10.000 mineros que estaban en la informalidad, y al finalizar el cuatrenio la meta es llegar a los 27.000.
OPERACIÓN EN TIERRA
En cuanto a la detección de la explotación de oro de aluvión en tierra, de acuerdo con el modelo de gestión del territorio liderado por el MME, los datos indican que el 52% se encuentra en zonas excluibles de la minería, el 13 % en zonas de minería restringida y el 35% en áreas libres, permitidas para la explotación bajo el marco normativo.
Igualmente, el monitoreo resalta que sólo el 1% de la citada actividad en tierra se localiza en la Amazonía. No obstante, existen múltiples afectaciones en otros ecosistemas de gran importancia ambiental.
“El informe evidencia que el 78% de esta clase de explotación se concentra en los departamentos de Antioquia (40%) y Chocó (38), y alerta sobre su práctica en zonas excluibles de la minería, territorios que por su relevancia ecosistémica han sido declarados para su protección y conservación”, subrayó la viceministra de Minas.
Así mismo, el estudio evalúa la presencia de explotación de oro de aluvión en maquinaria en agua en cinco ríos de la Amazonía colombiana, siendo el más afectado el río Caquetá.
Adicionalmente, en el informe se detecta que, para 2018, tres de los 59 Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en los territorios departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farrallones, en el Valle del Cauca, registran explotación de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra, con un total de 126 hectáreas y representan el 0,14% del área total nacional detectada.
Además, el 0,8% fue registrado en áreas de Resguardos Indígenas y el 41% en zonas de Comunidades Negras.
LA ESTRATEGIA
El informe parte de la detección de las evidencias mediante el uso de sensores remotos, con la capacidad de identificar las zonas de explotación ilícita de oro a cielo abierto, descartando las que no corresponden a este tipo de explotación.
Los datos obtenidos a través del monitoreo son procesados de tal forma que permiten obtener cifras de las zonas afectadas de manera consolidada y cruzarlas con diferentes fuentes de información para realizar los respectivos análisis espaciales, sectoriales y temporales con mayor certeza.
“Uno de los ejes de trabajo de este Gobierno es la legalidad. No podemos permitir que un sector que le aporta al país sea estigmatizado y perseguido, por culpa de quienes de manera ilegal, quieren apoderarse de los recursos. La minería es una actividad legal, controlada y administrada por el Estado. Y la extracción ilícita es un delito, un ataque contra el país, el medio ambiente y nuestros recursos naturales”, afirmó Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
La funcionaria recalcó que, para garantizar que la minería se haga cada día de manera más técnica y respetuosa con el medio ambiente, en la Agencia se ha mejorado el modelo de fiscalización.
“Hoy lo hacemos directamente, con mayores controles en todos los eslabones de la cadena, esto implica mayor conocimiento de las reservas, pasar de un modelo declarativo a uno comprobativo. Hemos innovado con informes en tiempo real a través de tabletas y con una aplicación móvil especialmente diseñada para esta tarea. Por medio de este sistema podemos realizar seguimiento a la información capturada y sincronizada en campo, con el fin de conocer el estado actual de los títulos”, explicó Habib.
Agregó que en la sede de la ANM están usando imágenes satelitales. “Así, se puede hacer seguimiento de manera ampliada de las actividades mineras, detectar actividades fuera de las áreas tituladas, y evidenciar trabajos fuera del área concesionada”, dijo.