Ómar Ambuila, oriundo del Cauca, vivía sin ostentaciones en la zona céntrica de Buenaventura, Valle del Cauca, con su esposa Elba Chará, una mujer que dedicaba sus días al trabajo del hogar y a la atención de sus familiares.
En el puerto marítimo, según algunos allegados de esta familia, oriunda de Cauca, vivían sin ninguna pretensión. Se movilizaban en una camioneta de color gris como una familia de estrato medio. En Buenaventura, los sectores no están muy marcados por la riqueza o estratos socioeconómicos. No obstante, vivían en una zona de familias con recursos, pero sin exagerar en sus atavíos.
«Vivían como personas común y corriente, como una familia de un funcionario que no recibe mal salario», dijo un allegado en Buenaventura.
Como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian, estamento al que Ambuila se vinculó desde hace 27 años como contador, su vida transcurría sin lujos en el puerto. El salario mensual básico que recibía por sus labores alcanzaba los 4’300.000 pesos, pues su rango era el de analista V, según el registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).
No obstante, la Fiscalía señaló a Ambuila como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian, devengando unos 10 millones de pesos.
De todas maneras, la familia acostumbraba a vestir ropa de prestigiosas marcas, situación que se veía con normalidad en Buenaventura, donde no llamaba la atención de nadie. Sin embargo, lo que sí generaba extrañeza eran las publicaciones de su hija Jenny Lizeth Ambuila.
«Ni siquiera, la señora Chará se había sometido a una cirugía o intervención estética por lo que tampoco llamó la atención sobre sus recursos materiales y en Buenaventura, quienes pueden contar con dinero no dejan de pasar por un quirófano para moldear su cuerpo», dijo un allegado. Por eso, también llamó la atención, pues los Ambuila siempre han mantenido un perfil medio en Buenaventura.
Los esposos Ambuila y su hija, detenidos la semana pasada, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, no aceptaron los cargos ante el Juzgado 9 de control de garantías en Cali que les dictó medida de aseguramiento por presunto lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, cargos que también se les imputaron a dos personas más, entre ellas, otro funcionario de la entidad de control de aduanas en Buenaventura.
Tomado de: El Tiempo.