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La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 2 inmuebles rurales y 12 urbanos que harían parte del patrimonio de los supuestos responsables de actos de corrupción en La Guajira.
Los bienes, avaluados en 2.800 millones de pesos, fueron ocupados por personal del CTI de la Fiscalía en Riohacha, Maicao y Manaure (La Guajira); y en Barranquilla y Soledad (Atlántico), apoyados por el Gaula del Ejército Nacional.
Los activos pertenecerían a un exalcalde de Manaure y al Gerente Financiero de una Institución Prestadora de Salud Indígena quienes estarían vinculados con actos de corrupción cometidos con ocasión de la celebración del contrato interadministrativo 005 de 2015, suscrito entre la Alcaldía de Manaure y la IPSI Indígena el 24 de junio de 2015, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, por un valor de 8.000 millones de pesos.
En el curso de la investigación penal se estableció que en el proceso de contratación se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación. Al parecer, el contratista fue seleccionado con antelación y se desconoció que no contaba con capacidad para ejecutar las actividades encomendadas ni tenía autorización para prestar servicios de salud en zonas rurales.
Adicionalmente, el material de prueba evidenció cobros excesivos de medicamentos, sobrecostos y otros actos irregulares que generaron un detrimento superior a los 2.800 millones de pesos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados.
Esta información se publica por razones de interés general
MAGA/JARG/YC/LPDS/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
