El gobernador de Massachusetts recordó el miércoles a las farmacias que deben almacenar una píldora abortiva clave, a pesar de un esfuerzo nacional de los activistas contra el aborto para prohibir el medicamento.
La acción se produce cuando un juez federal en Texas está considerando una demanda que anularía la aprobación federal de la droga hace décadas.
La gobernadora demócrata Maura Healey emitió una declaración escrita citando la orientación de la junta estatal que supervisa las farmacias que dice que deben mantener «un suministro continuo y suficiente de todos los medicamentos de planificación familiar, incluidos mifepristona, misoprostol, anticoncepción de emergencia y recetas anticonceptivas».
El misoprostol también se usa como medicamento para abortar.
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Healey dijo que Massachusetts siempre protegerá el acceso al aborto.
«En un momento en que los estados se apresuran a prohibir el aborto con medicamentos y algunas farmacias restringen irresponsablemente el acceso a él, les recordamos a las farmacias de Massachusetts que tienen la obligación de proporcionar medicamentos críticos para la salud reproductiva», dijo Healey en el comunicado.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, habla el 5 de enero de 2023 en Boston. Healey recordó a las farmacias el 22 de marzo de 2023 que deben abastecerse de píldoras abortivas. (Foto AP/Steven Senne, archivo)
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El aborto con medicamentos es el método más común en el país para interrumpir embarazos. Massachusetts en 2020 aprobó una ley que amplía el acceso al aborto en el estado.
Si el juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk falla en contra de la Administración de Drogas y Alimentos en los casos de Texas, no está claro qué tan rápido podría reducirse el acceso a la mifepristona. Revocar o suspender la aprobación de un medicamento después de más de 20 años también sería un desafío sin precedentes para la agencia.
Más de una docena de estados prohibieron el aborto después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade el año pasado.
Healey dijo que ceder a lo que describió como «tácticas coercitivas» «despojará aún más a las personas embarazadas de su agencia y sus derechos y violará la responsabilidad de las farmacias y los departamentos de farmacia de brindar servicios de atención médica críticos».
