La mayor equivocación del detenido alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, más allá de su responsabilidad en los delitos que le imputa la Fiscalía, fue no trazar un límite entre su rol de mandatario y el de padre complaciente.
Hoy saben las autoridades que poco después de asumir el cargo, su hijo Eliécer Arboleda Riascos, conocido como ‘Kiko’ y quien está detenido por presunto enriquecimiento ilícito, se instaló en una oficina paralela a la de su padre, donde fungía como alcalde en la sombra y manejaba todos los hilos de la contratación.
“El alcalde Arboleda le cedió demasiado poder a su hijo. Esa oficina estuvo como seis meses en la Alcaldía y luego la llevaron a otro edificio porque vieron que les podía generar líos; pero ahí se atendían todas las vinculaciones de personal y se manejaban los contratos del hospital Luis Ablanque de la Plata”, asegura un exfuncionario de la Administración Distrital.
La confianza de Arboleda en su hijo radica en que fue funcionario de la Contraloría de Buenaventura por largo tiempo y conoce bien los procesos contractuales. Con todo y eso, desde finales del 2016 empezaron a llover quejas anónimas alertando de las andanzas del muchacho y del mal manejo de los contratos del hospital.
Una de esas denuncias, titulada: ‘Lo que todos saben, pero nadie se atreve a denunciar’, asegura que “para cobrar una factura hay que dar un alto porcentaje a Kiko Arboleda y él pone las condiciones para otorgar los contratos y decide qué persona ingresa a determinado cargo, desautorizando, incluso, al mismo papá”.
Según un dirigente bonaverense que pidió no revelar su nombre, “Kiko no supo administrar el poder ni la fortuna que acumuló en tan poco tiempo. Arrancó como ‘carro loco’ y se llevó por delante al papá, que además estaba enterado y avalaba lo que hacía su hijo con los contratos del hospital”.
El alcalde Arboleda fue detenido el pasado 16 de abril junto a otras diez personas por la supuesta apropiación de dineros para el mejoramiento del hospital. Se les sindica de los supuestos delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y contratos sin el lleno de requisitos.
Obras que contrató con la Unión Temporal MC Asociados por $9994 millones y para las cuales, al parecer, no hubo diseños, planos ni estudios técnicos. Incluso, habrían falsificado documentos para acreditar experiencia.
Aún así, en octubre del 2017, llevaron a la Gobernadora del Valle para inaugurar la atención de mediana complejidad, sabiendo que el hospital solo puede atender baja complejidad. Peor aún, la pusieron a entregar unas obras que ya habían sido inauguradas tiempo atrás y que figuran hechas en el informe de rendición de cuentas del 2015.
Lo que tratarán ahora de establecer las autoridades es qué pasó con los equipos que compró el Ministerio de Salud para atención de mediana complejidad y otros que fueron repotenciados y que, por no tener las instalaciones adecuadas, se llevaron a una bodega en Yumbo y hace cuatro meses fueron retirados.
Lista la otra imputación
Según la información acopiada por El País, el caso del hospital de Buenaventura, que tiene tras las rejas al Alcalde, es quizá el menor de sus problemas.
Mientras se daba su captura un mes atrás, ya le estaban programando otra audiencia de imputación de cargos a él, a su hijo Kiko Arboleda y a un mensajero que labora en la Ventanilla Única de la Alcaldía de Buenaventura, dijo una fuente de la Fiscalía.
Este caso, cuya audiencia está aplazada, estaría siendo llevado por el Juzgado 6 de Buga y hace referencia a un supuesto constreñimiento de Arboleda y su hijo para posesionar a Pedro Pablo Cortés, quien ganó el concurso para gerenciar el hospital.
Según la denuncia presentada en enero del 2017, antes de nombrarlo gerente hasta marzo de 2020, el Alcalde le pidió ir a la oficina del asesor Édinson Bióscar Ruiz y allí fue coaccionado a firmar anticipadamente y con huella, 13 cartas de renuncia por cada trimestre y 13 letras de cambio en blanco.
“El propósito era asegurarse de que lo podían sacar en el momento en que no sirviera a los intereses personales del Mandatario y de su hijo. Y así fue, porque solo estuvo un trimestre en el cargo por no entregarle toda la contratación al hijo”, dijo uno de los investigadores.
Al respecto, Édinson Bióscar Ruiz, asesor de la Alcaldía de Buenaventura, le aseguró a El País que desconoce por qué lo han mencionado en este caso. “El señor sí estuvo en mi oficina un par de veces, como amigos, porque nos conocemos hace muchos años, desde que el senador Juan Carlos Martínez lo metió al hospital en otra época, pero eso de las cartas de renuncia es descabellado”.
“Lo que sé es que el Alcalde sí lo apretó porque le estaban poniendo mucha queja por la forma en la que estaba manejando el hospital. Había aumentado la contratación y los nombramientos, cuando estábamos en un plan de austeridad y no le gustó y presentó la renuncia”, dijo Ruiz.
Otro contrato en la mira
En medio del proceso que se le adelanta al alcalde Arboleda, los entes de control han fijado su atención en otro contrato por $28.927 millones para mejoramiento de vías en la ciudad.
El contrato fue firmado el 12 de diciembre del 2017 con la Unión temporal C&K, cuya representante legal es Carolina Moreno, detenida junto al Alcalde por las presuntas irregularidades en las obras del hospital.
La Unión Temporal C&K, única oferente en esta licitación pública, la conforman las firmas Ingemedi SAS, que representante Karina Moreno, y la firma Hari Mosquera, ambos también capturados junto al Alcalde.
El contrato, que se iniciaría el 15 de enero del 2018 y prevé un anticipo del 30%, unos $8700 millones, fue firmado y evaluado, entre otros, por el secretario de Infraestructura Vial, Juan C. González, también preso.
En cabeza de los contratistas capturados o de uniones temporales de las que hacen parte, hay varios contratos otorgados en esta administración, que ya suma 26 funcionarios o contratistas tras las rejas.
Once de ellos por supuesta corrupción en el Establecimiento Público Ambiental (EPA), los once capturados por las irregularidades en las obras del hospital y cuatro detenidos por enriquecimiento ilícito en el operativo en que fue privado de la libertad el hijo del Alcalde.
Pero el listado, según fuentes de la Fiscalía, no está completo y en los próximos días vendrían más capturas. Entre otras cosas, porque cuando se detuvo a Kiko Arboleda se hallaron en su apartamento borradores de contratos que aún no son públicos e indicios de quiénes serían los contratistas a los que direccionaría cada uno de ellos.
Arboleda hijo era un “cajero electrónico”
Cuando Eliécer Arboleda Torres llegó a la Alcaldía de Buenaventura, su hijo Kiko no tenía propiedad alguna. A estas alturas aún no ha logrado demostrar cómo obtuvo el dinero que le halló la Fiscalía a través de testaferros.
Según un certificado obtenido por El País, del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Copnia, Kiko es ingeniero de sistemas y telemática desde el 2010.
Ese mismo año fue contratista del Departamento y trabajó luego como auditor en la Contraloría de Buenaventura.
Su cargo más reciente, que también investiga la Fiscalía, es el de asesor de la Gobernación del Valle en la oficina territorial de Buenaventura, donde recibía un sueldo de cerca $ 7 millones y, al parecer, nunca se presentó a trabajar.
Aún así, en el 2017 se le hallaron en Cali dos predios avaluados en $800 millones a nombre de testaferros, entre ellos el agente de tránsito Alexánder Ocoró Olave, quien está detenido. La magnitud de la fortuna aún está por determinarse; la investigación apunta al menos a otros cinco bienes en Cali y el puerto, e igual número de vehículos de alta gama.
Un viejo conocido
El guarda de tránsito Alexánder Ocoró, quien fungió como testaferro, fue también capturado por la Fiscalía. Foto Colprensa
Donde sí lo conocen bien es en la Alcaldía del Puerto. Funcionarios y contratistas le dijeron a El País que Kiko Arboleda se volvió “un cajero electrónico”.
“En la Secretaría de Tránsito es vox pópuli que él manejaba la contratación de guardas y que eso no era gratis. Lo interesante sería que la Contraloría desde Bogotá, porque la de Buenaventura no hace nada, revisara cuántos de los más de 200 guardas que metió cumplen con los requisitos”, dijo un exfuncionario.
Otra de las quejas allegadas relata que en la Alcaldía había una persona de nombre José Manuel, que tramitaba los cobros ante la Tesorería. “A él hay que darle hasta el 30% del valor de la factura. En Tesorería no se paga ninguna vigencia anterior por ninguna otra vía”.
Negocio familiar
“En algún lugar aprendió Eliécer Arboleda hijo que de los sectores que más plata da en la administración pública es la salud”, sentencia un investigador del CTI.
Y el mejor ejemplo es lo que pasó con el hospital Luis Ablanque de la Plata, donde Kiko Arboleda tuvo a su esposa como gerente encargada por largo tiempo.
También asegura la Fiscalía que montaron IPS a nombre de testaferros y desde la Secretaría de Salud le quitaban población al hospital para enviarla a esos centros privados.
Se investiga si la lavandería, la papelería y la oficina de suministros estaban en cabeza de familiares suyos.
Obra del hospital
El director nacional contra la Corrupción, Alberto Salas, dijo que la situación se suscitó luego de que se inaugurara el Hospital Luis Ablanque de la Plata y ese mismo día se cayera la fachada de la zona de urgencias.
“Con el mismo contratista, volvieron a refaccionar la cubierta y el 21 de marzo volvió a caerse con otro aguacero”, agregó Salas.
La Fiscalía informó en su momento que las capturas se efectuaron por la presunta apropiación de $5104 millones.
Además del Alcalde, se capturó al secretario de Gobierno, Luis Fernando Ramos; el secretario de Infraestructura, Juan Carlos González; el exsecretario de Salud Félix Riascos Brome; Herbert Campo, jefe de Planeación, quien se habría suicidado, y Jorge Ómar Riascos, exjefe de la Oficina Jurídica.
En varias de las quejas ante entes de control, se pide investigar a los jueces que han favorecido los intereses del Alcalde y a concejales de su círculo favorecidos mediante contratos con terceros.
El País