Arturo R. Sepúlveda García
La evolución de la pandemia Covid-19 ha evidenciado, para bien o para mal, la capacidad institucional de mando y de toma de decisiones rápidas de los gobiernos del mundo, los cuales han intentado crear estrategias de control y mitigación de contagios con información limitada y tiempo en contra.
También, la pandemia ha mostrado cómo se encuentran los países con respecto a otro factor clave para poder librar bien la actual emergencia sanitaria: la inversión en innovación científica. Esta les permite a las naciones contar con la independencia tecnológica necesaria para poder hacer frente a cualquier emergencia nacional, en este caso la pandemia. Resulta inevitable pensar qué sería de México si se hubiese contado con una mayor inversión pública y privada en ciencia y tecnología; es muy probable que el número de fallecidos a causa del Covid-19 sería menor si el país contara con diseños, patentes y experiencias de producción industrial de ventiladores mecánicos, tests de diagnóstico clínico y demás instrumentos médicos indispensables.
La importancia de la innovación tecnológica no es algo nuevo; nuestras herramientas y descubrimientos sobre el funcionamiento del mundo han sido la estrategia de supervivencia y de desarrollo humano más exitosa de todos los tiempos, desde antes que el ser humano creara complejas civilizaciones gracias a la Revolución Agraria. Como el famoso historiador estadounidense Jared Diamond señala, la tecnología es la base en la que se crean y desarrollan todas las civilizaciones, y las diferencias del grado de tecnología entre unas y otras son las que asignan cuáles son los países ricos y dominantes, y cuáles son los pobres.
En el siglo XXI, los países más prósperos y las empresas más ricas y competitivas son aquellas que han logrado invertir exitosamente en la innovación tecnológica. En términos económicos, los países desarrollados cuentan con sociedades “post-industriales”. Esto quiere decir que el sector de los servicios y de la tecnología genera más riqueza y valor agregado que todos los demás sectores económicos juntos, incluido el manufacturero-industrial. Si se toman ejemplos como Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur, se puede ver cómo en las últimas décadas han vivido un continuo proceso de desindustrialización y han incentivado fuertemente sus sectores tecnológicos, financieros y de servicios. En el caso de las empresas, las diez compañías más valiosas del planeta pertenecen al sector tecnológico, encabezando la lista Amazon, Google, Apple y Microsoft. Si se compara Google, que es la segunda empresa más valiosa del mundo, con la petrolera Shell, que es la petrolera más importante y ocupa el lugar 23 en la lista de valor de las empresas, se puede ver con claridad la importancia económica de la tecnología; Google no cuenta con la infraestructura física, mobiliario y cantidad de recursos humanos con la que cuenta Shell, y aun así supera por mucho el valor de capitalización que tiene la empresa petrolera. Esto es un ejemplo general de cómo, en ciertos casos, los servicios tecnológicos tienen más valor que el petróleo.
Tanto las Naciones Unidas, a través de la Organización para el Desarrollo Industrial (UNIDO), como la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE), sostienen en sus planes de acción e informes que la inversión en tecnología es un pilar para la reducción de la pobreza, un factor clave para aumentar la capacidad productiva de la economía y un motor para generar empleos mejor remunerados.
En el caso de México, falta mucho trabajo por hacer en el tema del apoyo a la ciencia y tecnología; solamente se invierte un 0.8 por ciento del PIB en investigación y desarrollo tecnológico, comparado con un 4.2 por ciento de Corea del Sur y un 2.74 por ciento de Estados Unidos. Por otra parte, lamentablemente en los últimos dos años México ha ido recortando su presupuesto para el Consejo Nacional para la Ciencia y la tecnología (CONACYT) y para los proyectos de investigación y presupuesto de investigadores del Sistema Nacional de Investigación (SNI). Precisamente el pasado mes de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un recorte del 75 por ciento del presupuesto al gasto corriente del CONACYT y de diferentes centros de investigación científica y tecnológica.
En la actualidad, los Centros de investigación pertenecientes al CONACYT sobreviven en condiciones precarias y presupuestos que no cubren sus gastos corrientes, y en algunos casos, no alcanzan ni siquiera para la compra de papel higiénico para sus baños, como lo han hecho saber diferentes investigadores a través de comunicados. En el caso de los investigadores del SNI, por lo general perciben malos salarios y tienen que cubrir duras jornadas laborales, en las cuales realizan trabajos administrativos de sus unidades académicas, imparten sus asignaturas semestrales y cumplen con sus respectivos temas de investigación. En el caso de los becarios de posgrado del CONACYT, realizan sus estudios con recursos que apenas les permiten vivir y cada vez son menos las becas para que los jóvenes brillantes de escasos recursos puedan estudiar en el extranjero en las mejores universidades.
A pesar del alto grado de inversión extranjera directa que ha tenido nuestro país como consecuencia de distintos tratados internacionales, como el de América del Norte, México no ha logrado aprovechar un efecto “spill-over”, o de transferencia de conocimiento, para que la tecnología de las empresas extranjeras pueda ser replicado y perfeccionado por empresas y científicos mexicanos. Hace falta una profunda reestructuración de políticas públicas nacionales para transformar y ampliar el quehacer del CONACYT para lograr incorporar la investigación que se lleva a cabo en el país en la legislación, prácticas gubernamentales y estrategias empresariales.
México no debería de seguir dependiendo de los avances de innovación de farmacéuticas y empresas extranjeras para contar, lo antes posible, con respiradores mecánicos y con una vacuna del Covid-19.
*Arturo R. Sepúlveda García es egresado de la carrera de Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una especialización en Economía del Desarrollo por el Massachusetts Institute of Technology y una maestría en un programa de calidad CONACYT. Ha realizado estudios universitarios y de posgrado en el Colegio de México, en la Universidad Santiago de Chile y en la Universidad de Burgos, España. Se ha desempeñado en la docencia universitaria y en distintos puestos directivos de la administración pública.