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La iniciativa de los US$1.440 millones

Solidaridad mundial con migrantes venezolanos

* Colombia, el país más proactivo ante la diáspora
 

 

La ola migratoria venezolana de los últimos años ha llevado a más de cinco millones de ciudadanos de ese país a huir de esa atribulada nación sometida por la dictadura chavista a una crisis política, social, económica, institucional y de violación a los derechos humanos sin antecedentes. Las estadísticas de varios gobiernos latinoamericanos así como de organismos internacionales señalan que, por lo menos, la mitad de esos migrantes forzados están en Colombia. Aunque las cifras oficiales apenas si tienen contabilizados a dos millones de venezolanos en nuestra nación, es innegable que hay un alto subregistro.

En las últimas semanas se ha denunciado que se está registrando una nueva ola de venezolanos de todas las edades que están atravesando la zona fronteriza con nuestro país, lo que representa no solo un alto riesgo sanitario por la  incidencia en ambos lados del área limítrofe de la pandemia de Covid-19, sino que agrava la ya de por sí delicada situación socioeconómica que se vive en muchas ciudades y municipios colombianos en donde la crisis por el coronavirus ha disparado el desempleo, reducido de forma sustancial los ingresos de las familias más vulnerables y presionado al alza las tasas de pobreza y pobreza absoluta.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que la comunidad internacional y los entes multilaterales han tenido una respuesta muy deficiente a la hora de apoyar a los países que, como Colombia, se han esforzado en acoger la mayor cantidad posible de los desarraigados venezolanos y ofrecerles un plan de inclusión social y económica eficiente, más allá del mero enfoque de asistencialismo de emergencia y de corte típicamente humanitario. Todo ello a un costo presupuestal muy alto que no ha podido ser compensado por los bajos aportes desde el exterior para atender la que sin duda es la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental en las últimas décadas.

Lo más preocupante es que los expertos vaticinan que la ola migratoria aumentará este año, debido no solo a que la dictadura de Nicolás Maduro se muestra cada vez más aferrada al poder, sino porque la hambruna, la escasez de alimentos y combustibles, el desempleo rampante, la quiebra empresarial, la inseguridad y la persecución violenta del régimen a todo foco de oposición o contradicción, seguramente forzarán a decenas o incluso centenares de miles de venezolanos a huir a como dé lugar. Los estudios que se han adelantado al respecto señalan que la diáspora se incrementará a medida que las restricciones fronterizas en varios países latinoamericanos se relajen una vez baje el riesgo sanitario por la pandemia, ya sea porque se pueda acelerar la vacunación de la mayoría de los habitantes o porque la curva epidemiológica decrezca de forma significativa por haberse alcanzado la llamada “inmunidad de rebaño”.

Visto todo lo anterior, Colombia debería activar toda su influencia internacional, capacidad diplomática e incluso margen de acción geopolítico para apoyar el recién lanzado Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos 2021. Se trata de una estrategia que busca fortalecer aún más las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos de acogida mediante el apoyo a las intervenciones de salud, alojamiento, alimentación, agua, saneamiento e higiene, así como el acceso a la educación, la protección y la integración donde se requiere asistencia y experiencia específicas, o donde las propias capacidades de respuesta de los gobiernos se ven desbordadas.

Dicho Plan Regional es encabezado por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto a más de 150 agencias y ONGs de la sociedad civil de distintos países, movimientos religiosos así como la Cruz Roja. El objetivo no es otro que solicitar a la comunidad internacional aportes que lleguen hasta los 1.440 millones de dólares para asistir a muchos de los 5,4 millones de venezolanos que han salido de su país y ahora viven en 17 naciones de la región.

Obviamente una meta de recaudo de 1.440 millones de dólares es muy alta. Sin embargo, como reza el refrán popular: “peor diligencia es la que no se hace”. Está visto que las cumbres de donantes que se han realizado en los años recientes para ayudar en la atención de la ola migratoria venezolana no han dado mayor resultado tanto en poder de convocatoria como en nivel de aportes. Por lo mismo, es necesario insistir a las naciones más ricas, el sector privado y las mismas agencias y organismos multilaterales que reflexionen sobre la necesidad de apoyar a países que, como Colombia, han acogido con sentido de hermandad y solidaridad a una gran cantidad de venezolanos, cuya atención e inclusión demanda altas inversiones que, en estos momentos de emergencia y estrechez fiscal por el plan de contingencia para afrontar la pandemia, se vuelven cada día más difíciles de financiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

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