El máximo tribunal penal de Argentina concluyó el jueves que el sangriento atentado de 1994 contra un centro judío de Buenos Aires fue planificado por Irán y ejecutado por la milicia Hizbulá, en represalia por la decisión del país sudamericano de romper un convenio de cooperación nuclear.
“El atentado de 1994 en Buenos Aires fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, en el marco de la Jihad Islámica, y con la intervención principal de la organización política y militar Hizbulá”, sostuvo una sala de casación penal en un fallo al que tuvo acceso La Prensa Asociada.
El tribunal además declaró el atentado como un “crimen de lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptible, en un caso en que después de tres décadas ningún autor material o intelectual ha sido juzgado o condenado por ambos ataques.
La resolución judicial identifica como responsables a los más altos cargos del gobierno iraní de entonces, entre ellos, al presidente, a varios ministros y mandos de la fuerza pública.
“Es un fallo histórico, único en Argentina. Se lo debían a las víctimas”, destacó el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits.
El dirigente comunitario remarcó que el dictamen también “es oportuno políticamente, históricamente justo en un momento que se cumple 30 años del atentado (AMIA) ya seis meses de la masacre de Hamás contra Israel”.
La acusación contra Irán no es nueva y es la hipótesis que ha prevalecido en las investigaciones de múltiples fiscales y jueces a cargo de las pesquisas en las últimas tres décadas.
El 18 de julio de 1994 una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires y dejó 85 fallecidos y más de 300 heridos.
Dos años antes, otro atentado había demolido el edificio de la embajada de Israel en Buenos Aires, con 20 muertos y 242 heridos.
Las conclusiones de Casación Penal responden a las apelaciones en una causa colateral contra funcionarios judiciales condenados por irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA.
Según el tribunal, la motivación de ambos ataques terroristas “se originó principalmente en la decisión unilateral del gobierno argentino (motivada en un cambio de la política exterior de nuestro país operado entre fines de 1991 y mediados de 1992) de rescindir tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con la República Islámica de Irán”.
El convenio de cooperación se había firmado a mediados de la década de 1980 por el entonces gobierno del presidente de centroizquierda Raúl Alfonsín (1983-1989). Fue cancelado en 1992 por su sucesor, el presidente de centro-derecha Carlos Menem, quien se había alineado con Estados Unidos.
“La réplica final del Estado Iraní frente al incumplimiento argentino fue, en última instancia y en esta ocasión, el empleo de una metodología basada en la ejecución de actos de terrorismo a cargo de Hizbulá”, concluyen los jueces.
En el fallo, los tres miembros del tribunal señalaron como responsables del atentado contra AMIA a quienes entonces ocupaban los más altos cargos en el gobierno iraní: el presidente Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani; Alí Fallahijan (ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (ministro de Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (un cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (jefe de “Al Quds”).
También están acusados Imad Fayez Moughnieh (entonces jefe de Inteligencia Política y responsable del Servicio Exterior de Hizbulá) y los ex diplomáticos en la embajada iraní en Buenos Aires Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Hadi Soleimanpour.
Teherán siempre ha negado los cargos.
A la luz del fallo judicial, Israel pidió a Argentina que declarara terrorista a la Guardia Revolucionaria.
El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, explicó en un comunicado el viernes que habló con su homóloga argentina, Diana Mondino, el jueves en la noche para transmitirle la petición.
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