Este martes el ex presidente mexicano Felipe Calderón, reiteró que no sabía de los presuntos nexos con el narcotráfico de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante su gestión, asimismo retó a que si existían pruebas de contubernio él estaría dispuesto a enfrentar la ley.
“Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”, escribió en su cuenta de Twitter.
En una publicación de Twitter, el ex mandatario ya había negado los nexos acusatorios revelados en una carta dirigida a la revista Proceso, medio que publicó una pieza periodística titulada “Conocíamos las andanzas de García Luna…pero debíamos trabajar con él”, en donde se señala el conocimiento del ex jefe del ejecutivo respecto a estas actividades delictivas narrado por la ex embajadora de EEUU en México Roberta Jacobson.
“Les comparto carta que envié a Proceso. Es falso que yo tuviera información de vínculos de García Luna con el narcotráfico. Cómo la Emb. Jacobson dice, lo que había eran rumores no corroborados- ni por EUA ni por México- con evidencias o fuentes sin sesgo”, publicó junto con el documento que estipula cinco puntos.
De acuerdo con la pieza informativa basada en el testimonio Jacobson, “el gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”. Sin embargo, Calderón Hinojosa lo negó rotundamente y abrió un hilo en Twitter para explicar su postura.
Primera página de la carta de Felipe Calderó dirigida a Proceso (Foto: Cortesía)
“Es falso que mi gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno”, inició su explicación.
“La Embajadora Jacobson precisa a que se refiere en la entrevista: ‘Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados… nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial; que no fuera tendenciosa’. Eso lo que hemos sostenido siempre”, continuó haciendo énfasis que se trataba de rumores.
Posteriormente increpó a las autoridades estadounidenses por establecer estrategias con México:
“Si las autoridades de EUA hubieran sabido de vínculos ilícitos del SSP, ¿Por qué la Iniciativa Mérida de la que ella era responsable dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo, incluyendo helicópteros Sikorsky a la SSP?”, cuestionó.
Respecto a este cuestionamiento, la ex embajadora se adelantó y sostuvo durante la entrevista que “culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad […] (porque) el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas”.
Como precedente de la cooperación entre ambas naciones está la Iniciativa Mérida, ésta es un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad firmado por EEUU y México en 2007, año en que Felipe Calderón pidió ayuda al gobierno de George W. Bush para combatir el tráfico de armas y narcóticos en territorio nacional.
Derivado de este convenio, México recibió entonces una ayuda de USD 2,900 millones para financiar equipo militar, capacitación para personal judicial, mejoras en infraestructura de seguridad pública, adiestramiento militar e implementación de prevención del delito.
Respecto al caso de García Luna, que se sigue en la corte de Nueva York, el juez Brian Cogan negó un recurso de apelación de un magistrado que exigía llevar su proceso penal en libertad tras considerar que no existen las condiciones necesarias para asegurar que el ex funcionario mexicano no huya de la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de tres tres delitos relacionados con el narcotráfico.
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