Redacción
En una maratónica jornada, el Congreso de la República aprobó 19 proyectos de ley, la mayoría de ellos conciliaciones, en el cierre del tercer periodo del actual Legislativo.
En efecto, el Senado deliberó el domingo entre las 3:00 de la tarde y las 10:26 de la noche, cuando su presidente, Arturo Char, levantó la reunión, citando para las 12:05 de ayer lunes, cuando tuvo lugar la sesión extraordinaria que había pedido el Gobierno Nacional.
Justamente uno de los que más llamó la atención al final del periodo fue el de la fijación de la base gravable dela sobretasa a la gasolina y el acpm, que buscaba cumplir un requerimiento emanado de la Corte Constitucional, que dictaminó que esa función no podía seguir recayendo en el Ministerio de Minas y Energía, como lo había dispuesto el Ejecutivo, sino que el Congreso debía legislar al respecto.
Así las cosas, a la sobretasa que será distribuida en una primera mitad para el mantenimiento de la red vial y una porción equivalente para la red vial de los departamentos solo le restaba ser aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, ya que el alto tribunal había dado un plazo de dos legislaturas para modificar las leyes 488 de 1998 y 788 de 2002, a través de las cuales se autorizó a los entes territoriales a adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente.
Lo cierto es que el nuevo proyecto contempla que el precio de venta al público del combustible se incrementará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, por lo que algunos expertos fijan el aumento del costo de la gasolina motor corriente en mil pesos en el lapso de cinco años, sin tener en cuenta las demás variables.
A sanción presidencial
Una de las últimas iniciativas aprobadas en conciliación el domingo fue la que permite que las madres cabeza de familia que hayan cometido ciertos delitos puedan pagar sus condenas con trabajo comunitario.
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Con este proyecto, que el 18 de junio fue aprobado en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el senador Rodrigo Lara sostuvo que se busca aportar a la problemática de hacinamiento carcelario que se registra en el país, además de que los hijos de las condenadas no queden a la deriva de problemáticas sociales como la delincuencia, las drogas y el alcoholismo.
Los requisitos para acceder a dicho beneficio son: ser mujer madre cabeza de familia, no tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito, ser condenadas a penas menores o iguales a los seis años, no haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la seguridad de su hijo, debe demostrar que las condiciones de comisión del delito estén asociadas a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.
“En particular, corrige un problema estructural de nuestro sistema de justicia, que castiga con severidad a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico como son las mujeres que han tenido que convertirse en ‘mulas y a las cultivadoras de hoja de coca”, explicó Lara, congresista ponente.
Durante la jornada maratónica, también se concilió la llamada ley de Comida Chatarra, así como la reducción de la jornada laboral, con respecto a la cual al final se decidió que entrará a regir en dos años, de forma progresiva, de tal manera que para el año 2026 los colombianos ya no trabajarán 48 horas a la semana sino 40.
Estas iniciativas se suman a la reglamentación de la cadena perpetua para los violadores de niños y adolescentes, la aprobación del Código Disciplinario propuesto por la Procuraduría General de la Nación para acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como el caso Petro.
Se hundieron
Entre los proyectos que no lograron convertirse en leyes de la República durante el presente periodo de sesiones ordinarias se encuentran dos que no solamente habían sido presentados por el Gobierno sino que tenían mensaje de urgencia.
Uno de ellos era el que buscaba crear la Jurisdicción Agraria, cuyo funcionamiento fue convenido en las negociaciones entre el Estado y la guerrilla de las Farc, según quedó consignado en el Acuerdo de Paz.
La otra iniciativa es el Acuerdo Escazú, que cuenta con el respaldo de 24 países y a cuya suscripción se había comprometido ante la comunidad Internacional el Ejecutivo nacional.
“Vamos a interponer ante el Presidente de la República una solicitud para que radique de nuevo, el próximo 20 de julio, el proyecto de ratificación del Acuerdo, de nuevo con mensaje de urgencia, pero exigiéndole que comprometa a su coalición y a su bancada para que no actúen como saboteadores en el trámite de este proyecto”, dijo ayer el senador Antonio Sanguino.
Buen balance
”La agenda legislativa del Gobierno Nacional en la Legislatura 2020-2021 ha sido una de las más exitosas de los últimos 20 años”, aseguró ayer el ministro del Interior, Daniel Palacios.
El funcionario agregó que “se impulsó una agenda basada en lograr la reactivación económica y social del país, el fortalecimiento y modernización de la justicia, de las relaciones internacionales y de la lucha contra la corrupción”.
De igual forma, destacó que “logramos la implementación en el país de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes”, proyecto al que el Gobierno Nacional le dio mucho respaldo por tratarse de una promesa de campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, Iván Duque.
“Las últimas dos semanas fueron titánicas para avanzar en proyectos de ley y hoy podemos decirle al país que este año le entregamos 24 leyes de iniciativa del Gobierno Nacional”, puntualizó Palacios, encargado de la conexión con el Congreso.
