El aumento de la violencia por parte de las pandillas en Haití llevó este lunes a la Organización de Naciones Unidas a hacer un llamado ante la crisis en Cite Soleil, uno de los más populosos asentamientos en la nación caribeña, ubicado al oeste de Puerto Príncipe, la capital.
«La situación de seguridad y humanitaria en muchas áreas de Cité Soleil, con una población de varios cientos de miles de personas, ha alcanzado niveles alarmantes. Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a la brutalidad de las pandillas», dijo en un comunicado la Coordinadora Humanitaria en Haití, Ulrika Richardson.
“La población se siente sitiada. Ya no pueden salir de sus hogares por temor a la violencia armada y el terror de las pandillas”, agregó.
Según datos de la ONU, al menos 70 personas perdieron la vida entre los días 14 y el 19 de abril, entre ellos 18 mujeres y dos menores, y al menos 40 personas resultaron heridas.
La ONU dijo que los enfrentamientos entre grupos armados le robaron la libertad a los ciudadanos, privándolos de «acceso a bienes y servicios esenciales, y han resultado en el cierre de muchas escuelas y centros de salud en la zona».
«Además de la violencia armada, la población de Cité Soleil sufre altos niveles de inseguridad alimentaria y es uno de los epicentros del último brote de cólera», señaló la ONU.
«Las lluvias torrenciales de las últimas semanas han empeorado las condiciones sanitarias y de vida en el vecindario», que está «inundado por los desechos de la capital» al punto que la basura bloquea el acceso y ni siquiera los camiones cisterna de agua pueden entrar . «La situación es propicia para el resurgimiento de la epidemia de cólera y la propagación de otras epidemias», indica el informe.
Países como Estados Unidos, Jamaica y Canadá han ofrecido su ayuda tanto para apoyo al cuerpo policial como para una «intervención humanitaria» en el país caribeño.
La actual crisis política y de seguridad que vive Haití escaló en julio de 2021 cuando el entonces presidente Jovenel Moise fue asesinado en su residencia de la capital, un hecho todavía sin una solución judicial tras los arrestos de varios sospechosos en ese país y Estados Unidos.
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