Administradores dicen que les quieren dar ‘golpe de Estado’. Citan asamblea extraordinaria virtual.
Una vieja pelea interna entre accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB) acaba de quedar en evidencia tras la citación para este viernes a una asamblea extraordinaria de sus 1.969 accionistas, en plena pandemia.
Sus administradores, Manuel Parody, Rudolf Hommes y Fernando Urdaneta, interpusieron una tutela en la que le pedían a un juez (como medida cautelar) suspender la citación, argumentando que no todos los socios se han notificado ni tienen mecanismos para asistir, y que la virtualidad no está contemplada en los estatutos.
Además, aseguran que a través de ese mecanismo quieren dar un “golpe de Estado” iniciándoles una acción social de responsabilidad, que les vulnerará en forma grave e irreparable sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo y al buen nombre.
Y si bien el juez no se ha pronunciado sobre la vulneración de esos derechos, les negó la medida cautelar. Esto significa que la asamblea se efectuará.
EL TIEMPO buscó a las partes enfrentadas y estableció que, en efecto, un grupo de accionistas busca cambiar la administración bajo el argumento de que tienen cómo documentar irregularidades que han afectado el patrimonio de la SPRB y del municipio de Buenaventura, que tiene un 15 por ciento de la participación.
Ese grupo –que representa a Harinera del Valle, Inversiones Ventura Group y el Grupo Portuario OPP Graneles, entre otros–, asegura que una deficiente administración ha llevado a que se disminuya un 50 por ciento de las utilidades y que el en 2019 se registraran pérdidas por 7.000 millones de pesos.
Además, aseguran que en los estados financieros registraron de manera irregular un supuesto saldo a favor, por pago en exceso a la ANI, superior a los 25.000 millones de pesos y que se investiga a la SPRB por supuesta competencia desleal por operaciones portuarias directas.
EL TIEMPO buscó a Rudolf Hommes, quien de entrada advirtió que no son ciertas las pérdidas por 7.000 millones y que incluso el año pasado hubo un margen de ganancias.
Y si bien admitió una baja en la facturación, fue enfático en el hecho de que se debe a los incumplimientos del Gobierno en las obras de profundización del puerto, que han obligado a varias líneas marítimas a irse al Ecuador.
Tras advertir que la administración ha buscado otros canales de ingresos, señaló que la cifra que algunos accionistas califican como irregular en los estados financieros fue un simple error de cálculo, que “se subsanó con la bendición del revisor fiscal y del interventor del contrato de concesión con la ANI”.
«No son ciertos los señalamientos que hacen. Esperemos que no estén buscando quebrar el puerto para que uno de los socios lo compre barato».
Hommes también dijo que el puerto tiene derecho a realizar operaciones directas. A pesar de ello, está respetando la restricción a las mismas mientras la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelanta la investigación.
Finalmente, recalcó que en la asamblea del viernes buscan elegir una nueva junta directiva, lo que dice es ilegal: “Vamos a asistir para defendernos”.
Y dijo que los socios que están haciendo esos falsos señalamientos deberán responder por los daños reputacionales, la pérdida de líneas y de financiación.
“Esperemos que no estén buscando quebrarla para que uno de los socios la compre barata”, señaló.
Fuente: El tiempo