Redacción
La periodista filipina Maria Ressa, una de las mayores críticas del presidente Rodrigo Duterte, se enfrenta a hasta seis años de cárcel tras ser declarada este lunes culpable en un dudoso caso de difamación cibernética, que ha disparado las alarmas sobre el estado de la libertad de prensa en Filipinas.
Ressa, de 56 años, declaró a los medios a la salida del tribunal que la decisión «es devastadora, aunque no del todo inesperada» y que sienta un «mal precedente» para el resto de medios.
La sentencia es recurrible ante la Corte de Apelaciones y, en segunda instancia, ante el Supremo, por lo que la pena definitiva, que sería de entre seis meses y seis años, no se sabrá hasta el final del proceso judicial.
«Nosotros hemos sido la advertencia, el objetivo es amedrentarnos a todos. Pero no tengáis miedo», apeló Ressa a los filipinos, a los que instó a «no ceder voluntariamente» sus derechos y libertades sin luchar.
TENSIONES CON DUTERTE
Nombrada persona del año por la revista Time en 2018, Ressa dirige desde 2012 el portal Rappler, pionero en denunciar los abusos de la guerra contra las drogas y en destapar escándalos que atañen al gobierno de Rodrigo Duterte, quien ha arremetido en numerosas ocasiones contra el medio y le ha acusado de mentir.
«Si no desafiamos este movimiento descarado para revertir nuestros derechos garantizados en la Constitución, los perderemos», aseguró Ressa, quien insistió en la «libertad de prensa es la base en la que se asientan los demás derechos».
El periodista Reynaldo Santos también fue declarado culpable hoy de ciberdifamación por un reportaje publicado en mayo de 2012 en el que el demandante, el empresario Wilfredo Keng, era relacionado con el tráfico de drogas, aunque esas afirmaciones se basan en los datos de un informe de inteligencia filtrado por una fuente.
Ressa y Santos tendrán que pagar además a Keng 400.000 pesos (8.000 dólares o 7.300 euros) en concepto de daños al demandante, mientras que Rappler como corporación quedó exonerada.
La veterana periodista tiene otra decena de casos pendientes con la justicia -7 por la vía criminal- relacionados con evasión de impuestos y con la violación de las leyes filipinas de propiedad de los medios, que no permiten el capital extranjero.
«Éste es un momento crucial en Filipinas, no sólo para nuestra democracia, sino también para el significado que le damos a la libertad de prensa», señaló Ressa, que se siente víctima de una persecución política de la administración Duterte, que ya trató de revocar la licencia del medio y vetó la entrada al palacio presidencial de sus reporteros.
Sin embargo, el portavoz presidencial, Harry Roque, afirmó hoy tras conocerse la sentencia que Duterte «nunca ha estado detrás de ningún esfuerzo para restringir la libertad de prensa», pero recordó que «la decisión de la corte debe ser respetada».
SOLIDARIDAD CON RESSA
El veredicto de culpabilidad ha generado una ola de solidaridad con la periodista y el equipo de Rappler entre el gremio periodístico y organizaciones de derechos humanos en Filipinas, pero también en el exterior, donde Ressa ha recibido numerosos premios.
«Es un día oscuro para todos los filipinos, El veredicto mata la libertad de expresión y de prensa. Pero no nos intimidaremos, vamos a seguir defendiéndonos de todos los intentos de reprimir nuestras libertades», señaló el Sindicado de Periodistas de Filipinas.
La Asociación de Corresponsales Extranjeros (FOCAP) se declaró «extremadamente alarmada» con la sentencia, que es «una nueva arma en el creciente arsenal legal contra las libertades civiles garantizadas en una de las democracias más avanzadas de Asia».
«El veredicto contra Maria Ressa destaca la capacidad de un líder abusivo en Filipinas de manipular las leyes para perseguir voces críticas y respetadas en los medios, independientemente del costo para el país», lamentó el subdirector en Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson.
Para Amnistía Internacional, «el veredicto es una farsa y debe ser anulado», ya que las acusaciones contra Ressa y Santos solo atienden a «motivos políticos», con lo que «el historial de derechos humanos en Filipinas continúa su caída libre».
Rappler no es el único medio en la cuerda floja durante la administración Duterte, que también ha cerrado ABS-CBN, el mayor grupo mediático del país y la televisión más antigua de Asia, mientras la renovación de su licencia está pendiente en el Congreso.
IRREGULARIDADES DEL CASO
La condena por ciberdifamación ha sido ampliamente cuestionada por expertos legales, ya que la demanda se interpuso en 2017, cinco años después de la publicación del reportaje, cuando en Filipinas el delito de difamación prescribe al año.
Sin embargo, el Departamento de Justicia admitió a trámite la demanda en amparo a la Ley de Ciberdelitos que entró en vigor en octubre de 2012, cinco meses después de la publicación del artículo, por lo que se está aplicando con carácter retroactivo, algo que no se puede hacer en el caso de ofensas criminales.
El Departamento de Justicia argumentó que cuando la difamación se produce online, el delito no prescribe hasta dentro de 12 años -aunque eso no figura en la ley-, y se basó en «la publicación continuada» de cualquier artículo en la red para justificar la no prescripción de la ofensa.
Sara Gómez Armas
