“No será una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial, los procesos por ende no se suspenden”.
Con estas palabras el ministro del Interior, Alfonso Prada, intentó explicar el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro en el sentido de que “centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”.
En efecto, el pasado sábado, durante un encuentro con las acciones comunales de Pasto, el Mandatario aseguró que “el derecho a la protesta es un derecho democrático, el derecho a expresarse, a movilizarse, es derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos” y señaló que el objetivo de declararlos gestores de paz es precisamente “redignificar ese derecho”.
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Desde entonces en el país se ha avivado una polémica no solo política sino también jurídica, debido a que, entre otras cosas, no está claro el marco legal al que el Presidente podría acogerse para llevar a cabo su propuesta.
Por eso ayer Prada, designado portavoz del Gobierno Nacional, aclaró que no serían nombrados gestores, sino voceros, y que no será una figura aplicable solo a los miembros de la Primera línea sino a quienes hayan participado en las protestas en general.
Esto después de que en la mañana de ayer se reunieran en la Casa de Nariño representantes del Ministerio de Justicia, la Consejería Presidencial para la Juventud, el Ministerio del Interior y la Secretaría Jurídica de la Presidencia y decidieran la conformación de una comisión de alto nivel que se encargará de reglamentar la facultad que el Congreso le otorgó al Jefe de Estado, a través de la Ley de Paz Total.
Luego se procederá a expedir el decreto mediante el cual se solicitará la suspensión de las capturas de quienes sumarían al menos 230 jóvenes, sin dejar en claro si entre ellos se incluiría a quienes ya fueron condenados por delitos ocurridos en el estallido social.
Según Prada, “el Presidente, una vez se expida el análisis de cada caso en particular en forma individual e independiente, adoptará la decisión, que va a ser básicamente una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente”.
Agregó que allí “quedará consignado que no podrán, bajo ninguna circunstancia, violar una sola norma jurídica, so pena de ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura”.
De acuerdo con el vocero de Petro, la medida no solo estará dirigida a jóvenes capturados en medio de la protesta social sino “a líderes sociales, que el Gobierno, en cabeza del Presidente y con la recomendación de la comisión de alto nivel, considera que pueden aportar básicamente a la consolidación del proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social que está supremamente visible en los territorios”.
Habló de manera puntual de jóvenes campesinos, afrocolombianos e indígenas “que podrían ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios”, por lo que “se definirán las funciones que tendrán.
Básicamente la resolución de conflictos e incluso, para quienes hayan sido, de una u otra manera sindicados de haber afectado bienes, una de sus funciones va a ser precisamente la de cuidar los bienes para efectos de que no se repitan este tipo de comportamientos y conductas”.
En el mismo sentido, en la tarde de ayer el jefe de la cartera de Defensa, Iván Velásquez, aclaró que los miembros de la Primera Línea que fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación no podrán ser gestores de paz.
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Sería el caso de Sergio Andrés Pastor, conocido con el alias de 19, quien no podría ser dejado en libertad.
“No van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que por lo menos estén también imputados por hechos graves”, aseguró el Ministro sobre lo dicho por Petro.
Y puntualizó que los policías que actualmente tienen investigaciones por posibles casos de abuso y exceso de fuerza en medio de las manifestaciones, podrían también convertirse en gestores de paz.
“Es una afrenta a los colombianos”: Molano
“Nombrar a quienes cometieron delitos durante el Paro Nacional como gestores de paz es una amnistía velada, una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos que padecieron los bloqueos”.
Así se pronunció el exministro de Defensa Diego Molano con respecto al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la salida de la cárcel de los participantes en el estallido social del año pasado.
En su cuenta de la red social, el exfuncionario agregó en un video que “liberar a los de la Primera Línea sienta un precedente nefasto para la justicia y las futuras generaciones. Ellos fueron capturados por cometer delitos contra la Constitución y la ley colombiana, no por manifestarse pacíficamente. Los que se manifestaron pacíficamente fueron protegidos y están en sus casas”.
Según Molano, quien estaba al frente de la cartera de Defensa durante las últimas protestas realizadas en el país, 303 participantes en el estallido social cometieron delitos como terrorismo, en 103 oportunidades; homicidio, en 23 casos, y “acuchillaron a patrulleros, destruyeron el sistema de transporte público, como los buses del Transmilenio (Bogotá) o el MÍO (Cali), o los Cai en los barrios de las ciudades”.
Además, dice que algunos fueron privados de la libertad porque “destruyeron centros comerciales, atentaron contra los ciudadanos, obstaculizaron las vías y los derechos del resto de los colombianos”.
“Por eso, que hoy salgan a ser gestores de convivencia para esta Navidad y que les paguen $800.000 en un salario de nuestros impuestos, sienta un precedente que desmotiva a los jóvenes y va en contra de todos aquellos que a diario se levantan a hacer patria”, puntualizó Molano.
Senadores rechazaron el anuncio
“La ‘primera línea’ asesinó a puñaladas al capitán Jesús Alberto Solano, dejando una viuda y una niña huérfana. ¿Gestores de paz? Queremos justicia, no verlos dando cátedra de algo que no conocen, escribió ayer en Twitter la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, refiriéndose a la posibilidad de que quienes están presos por su participación en el estallido social sean dejados en libertad.
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También dijo que “si el Gobierno pretende que olvidemos, nosotros vamos a recordarle a los colombianos y a la comunidad internacional los horrores de la ‘primera línea’” y publicando su foto, añadió: “Este es el agente del CTI, Fredy Bermúdez, asesinado en Cali por delincuentes que NO merecen ser ‘gestores de paz’”.
De su lado, la senadora por la Alianza Verde también expresó su rechazo al respecto. “La justicia es democracia y seguridad. Jóvenes presos por hechos del paro TIENEN garantías judiciales y apoyo de los mejores abogados para evitar posibles injusticias en algunos casos. Hay crímenes, hechos probados en procesados que NO pueden ser premiados como ‘gestores de paz’”.
Y siguió: “Degollar a un motociclista con alambre de púas no es criminalizar jóvenes ni negar causas de atroz desigualdad. Es brutal crimen. Condenable. ¿Es protesta? No. Ni fue acto de jóvenes protestando”.
A su vez, el senador independiente Humberto de la Calle conceptuó “que la Ley de Orden Público no contiene ninguna norma que permita suspender procesos o suspender la ejecución de la pena. Cuando se habla de suspender órdenes de capturas se está diciendo algo irrealizable, porque esas órdenes de captura ya se cumplieron; son personas que están siendo juzgadas”.
Por ello, cree que “hay un vacío en la argumentación del Gobierno, que es grave, y debería remediarse mediante una nueva discusión en el Congreso. El Gobierno debería presentar un proyecto de ley específico para esto”.
De la Calle dice que entiende el deseo político de apertura del Gobierno Petro, pero que no puede descuidar la distinción entre los jóvenes que cometieron irregularidades no tan graves y el vandalismo y el homicidio, entre otros crímenes de lesa humanidad.
Pero Gustavo Bolívar, senador por el Pacto Histórico, afirmó que “paras y guerrilleros, criminales de lesa humanidad han sido gestores de paz. ¿Por qué no jóvenes de Primera Línea que salvaron al país de la Reforma Tributaria de Duque y Carrasquilla, que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década?”.
