Redacción
La eventual facultad del presidente de la República, Gustavo Petro, para nombrar como gestores de paz e incluso hasta de retirar los cargos judiciales a los miembros de la Primer Línea que fueron detenidos el año pasado en el marco del paro nacional, llevaron a que la ley de la paz total o reforma a la ley de orden público se frenara en su discusión hasta la otra semana.
En la actualidad la Fiscalía General de la Nación tiene judicializados a más de 31 miembros de la Primera Línea que estuvieron participando en las protestas del año pasado, en particular se les detuvo porque protagonizaron actos públicos de enfrentamiento a la fuerza pública, daños en bienes y distintas infraestructuras, entre otras situaciones.
El proyecto de ley, con el cual se fijan las condiciones legales para que la administración Petro pueda negociar con grupos armados ilegales, el cual estaba en discusión en las plenarias del Senado y la Cámara para este miércoles, tuvo como controversia la inclusión de dos artículos nuevos.
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La propuesta fue incluida por los ponentes, senador Ariel Ávila y el representante a la Cámara, Alirio Uribe. Ante la polémica armada por esa propuesta que es considerada por la oposición como un mico, el senador Ávila, sostuvo que “vamos a clarificar que los delitos o crímenes graves de lesa humanidad, tortura o genocidio, pues no son amnistiables, es decir que una persona que bloqueo una vía puede ser amnistiado, pero si hay un asesinato de por medio, pues no será amnistiado”.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, aunque aseguró que no conocía la propuesta, aseveró que al gobierno no le molesta y que está dispuesto a acompañarla, para lo cual pidió que se de una mayor discusión con los diferentes partidos para ver su alcance real.
Para Prada “dañar un bien me parece que no es el gran acto que amerite que la sociedad no revise la posibilidad de que haya un perdón allí, además de que habría que contextualizar adecuadamente como se va a reparar ese daño, porque creo que hay que mirar todas las partes”.
Indica que si hay “un delito de violencia sexual que se haya dado en el marco de la protesta no puede ser objeto de un indulto o una amnistía, tiene que ser directamente ligado a la misma actividad de la protesta que se volvió agresiva, pero debe darse en el contexto, no es sacar una pistola y matar a otro de buenas a primeras, ni violar a alguien, ni torturar a alguien”.
Desde la oposición el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Euscátegui, aseveró que “nos metieron dos bombas atómicas en este proyecto, indulto a los miembros de la Primera Línea y la posibilidad de nombrar a esas personas como gestores de paz, lo cual podría estar excediendo las facultades de paz que tiene el presidente de la República”.
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Sobre la propuesta, el senador Humberto de la Calle Lombana, aseguró que “primero se garantiza el derecho a la protesta pacífica y eso se debe reiterar y por lo tanto son condenables los hechos de vandalismo, pero respecto a esa norma, la del indulto hay que establecer distintos escenario, porque en el fragor de las manifestaciones surgen alteraciones del orden y ahí se puede tener una mirada más benevolente, pero quienes le tiran bombas molotov a un CAI con policías adentro eso si no puede ser perdonado, lo que voy proponer es cuáles son los límites de esa idea”.
Desde Cambio Radical, el represente Julio César Triana, aseguró “esta es otra jugadita del gobierno, presentar dos artículos nuevos en la ponencia de la paz total que no hacen parte de lo aprobado en las sesiones conjuntas. Son dos artículos sastre que buscan dejar en libertad a los miembros de la Primera Línea”.
Ni autores ni gobierno precisaron si de ser aprobada la propuesta la misma, es decir ofrecer el indulto o la amnistía, se podrá entregar también a los miembros de la fuerza pública que están detenidos, como policías, porque también estuvieron implicados en esos actos de violencia que se dieron en el marco del paro nacional.
