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La propuesta de Óscar Iván Zuluaga para generar empleo inmediato en Cali

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La propuesta de Óscar Iván Zuluaga para generar empleo inmediato en Cali

“El problema social es tan grande que necesitamos estar concentrados en la solución. Tenemos que superar las diferencias y establecer un canal que nos permita construir confianza”, dice el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien estuvo en Cali presentando un programa de empleo inmediato para jóvenes y mujeres de esta ciudad y Buenaventura.

¿Cómo encontró a Cali, después de lo que ha pasado en el paro?

Una situación gravísima, muy dramática. Sentí un profundo dolor de ver lo que ha ocurrido. He sido un admirador de Cali y el Valle del Cauca, de la capacidad de las personas, del civismo, del tejido empresarial, así que muy impactado. Escuché a líderes políticos, juveniles, empresariales, sociales, académicos, comunitarios y fue muy aleccionador para concluir que es una situación gravísima en la que está en riesgo la democracia. Podemos perderlo todo.

Usted presentó un plan de nuevos empleos en Cali y Buenaventura…

El antecedente que tiene esa propuesta es que, cuando fui Ministro de Hacienda, en el 2009, Pereira presentó la mayor tasa de desempleo por un tiempo largo. Entonces propuse que hiciéramos un plan de choque para generarles ingreso a los hogares mientras entraban en rigor medidas de recuperación económica de mayor alcance. Fue muy exitoso y me inspiró para mirar el tema de Cali y Buenaventura. Escuché a los actores, fueron más de 25 entrevistas, y validé la pertinencia de una idea para generar 30.000 empleos en Cali y 10.000 en Buenaventura.

¿Por qué 30.000 en Cali?

Porque en Cali son más de 90.000 los jóvenes que están en extrema pobreza, marginalidad y falta de empleo. Si se habla de 2.000 o 3.000 empleos es una ayuda, pero no impacta realmente el problema. Por eso surgió esta propuesta enfocada en jóvenes y mujeres de las dos ciudades, que son los que más han sufrido, pero pudieran generar la participación de otros actores que multipliquen su impacto. Ese es el sentido, pero tiene que ser inmediata y de choque. Es decir, no para ejecutar en seis meses. Tiene que ser ya.

¿Qué fondos se necesitan para ese plan y de dónde saldrían?

Para Cali son $120.000 millones y para Buenaventura $30.000 millones. Los debería dar el Gobierno Nacional, y debería aprovecharse para que, por ejemplo, en Cali, el Gobierno local dé otro tanto. La Alcaldía tiene un cupo de endeudamiento de $600.000 millones. Qué se acuerden que el problema social es muy grande. Debe ser un acuerdo entre Nación y Alcaldía, con participación de sectores sociales.

El éxito del programa es que usted contrata al joven de junio a diciembre, para que trabaje cinco horas en una obra del barrio, que se define con las propias comunidades. Son muchas opciones: embellecimiento, mantenimiento de parques o andenes, pintura de establecimientos públicos; actividades culturales, artísticas y creativas; lo que tiene que ver con medio ambiente, reciclaje, granjas y restaurantes comunitarios.

El joven trabaja de lunes a viernes, y recibe formación dos horas cada día y tres el sábado. Muchos quieren que les brinden opciones de bilingüismo, transformación digital, artes y oficios que oferta la institucionalidad.

¿Por qué en el barrio? Para que no tengan que pagar transporte, además, a las mujeres que están a cargo de sus hogares o hijos les quedaría más fácil todo cerca de casa.

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Darles herramientas a futuro…
Eso recupera tejido social y autoestima, genera confianza, se recupera la alegría en la ciudad y le quitamos a esos jóvenes la tentación de irse al vicio, a esas estructuras criminales, al microtráfico… Miremos lo que hizo Armitage en su Alcaldía, un programa con 2000 pandilleros. Es una vía muy similar y los resultados son interesantes: el 32 % hicieron la ruta hacia la educación superior.

“Me siento muy comprometido porque en 2014, cuando fui candidato presidencial, en el Valle del Cauca fueron generosos, me acompañaron y me apoyaron”.

Óscar Iván Zuluaga,

exministro y ex candidato presidencial.

A propósito, muchos critican la gestión del alcalde Ospina…

Esta es la oportunidad para unir a todos, porque el problema nos supera a todos. Y le digo de frente: no estoy de acuerdo con la revocatoria. Me parece que es un distractor. El problema social es tan grande que necesitamos estar concentrados en la solución. Tenemos que superar las diferencias y establecer un canal que nos permita construir confianza y ejecutar bien el programa. Es que el problema es tan grande que no se puede sacrificar la respuesta por diferencias políticas. Hay que reconocer que nos hemos equivocado durante muchas décadas.

Por supuesto, hay un concepto de autoridad que se necesita. Hay que capturar las macroestructuras detrás de esto, restablecer el orden y el respeto por la ley, sin exceso de fuerza y sin abusos. Hay que reconocer que el problema es social.

O sea que si el Alcalde le dice ‘trabajemos en el plan,’ ¿usted le jala?

Pues claro, no es sino que me llame. Para ayudar tengo todo el tiempo. Y no tengo ningún otro interés. Obvio yo no me pondría al frente del programa, porque Cali tiene personas capaces. Estoy aportando es una solución basada en una experiencia. Como colombiano, me angustia lo que ocurre en Cali, por eso aporto soluciones. No es momento de mezquindades o colores políticos.

Con este tipo de propuestas regionales uno pensaría que está haciendo campaña para el 2022…

No es el tema. La preocupación es cómo desactivar esta bomba social que tenemos en Cali. Es que en la cabeza de los colombianos hay tres preocupaciones: la vacuna, el empleo y la seguridad. No es el momento de hablar de candidaturas. Tenemos que concentrarnos en buscar soluciones. Es que Colombia nunca había tenido una crisis de esta magnitud. Lo que quieren al final es fragmentar al país desde el suroccidente, construir una anarquía, un sentimiento de que no hay autoridad. Me preocupa que de todo esto salgan unas autodefensas urbanas y que la gente sienta que tiene que defenderse por sus propios medios, porque estas crisis son explosivas.

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Mucha gente está preocupada por el panorama para las elecciones…
A las elecciones todavía les falta mucho tiempo. Si queremos elecciones con verdadera discusión académica, de ideas, sin violencia, que permitan recuperar la confianza, hay que empezar por arreglar esta crisis. Esto supera cualquier tema de partidos o ideologías.

Y los diálogos entre el Gobierno y los líderes del paro no despegan…

La solución a esta crisis no puede depender del comité del paro. El Gobierno y la sociedad son los que tienen que hablar. Ese comité no es una solución a nada. Se necesita que el Estado fluya, para que la plata llegue a los bolsillos de la gente.

La chispa que incendió esta crisis fue la reforma tributaria. Como exministro de Hacienda, ¿qué piensa del nuevo proyecto?

La reforma tributaria es una absoluta necesidad y hay que tramitarla ya. No entiendo por qué aplazar su discusión y aprobación para el 20 de junio, si ya tiene un consenso. Lo que se busca es ayudarle a los sectores más pobres y que más han sufrido con la pandemia, mantener unos programas sociales y, en el otro lado, encontramos a los más ricos y las empresas diciendo ‘nosotros la pagamos’. Sin poner IVA, sin afectar la clase media ni los derechos de nadie. Los que más tienen están dispuestos a poner la plata para tener esos recursos para los programas sociales. No entiendo por qué aplazar. Además, ya nos quitaron el grado de inversión. Tenemos que darle una señal de confianza a los mercados y al país de que somos capaces de construir acuerdos políticos en lo que todos necesitamos. Porque es que esos recursos son para los que más han sufrido con la pandemia, así que no entiendo por qué aplazar.



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El giro urgente que debería dar la política exterior de Colombia

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Reunión del Gobierno con delegados de la Cidh

Además de los esfuerzos que deberá hacer el Estado para recuperar el empleo y restaurar una economía maltrecha, producto de las manifestaciones y bloqueos de las últimas semanas, el Gobierno Nacional tiene el reto fundamental de recomponer su imagen ante la comunidad internacional en lo que respecta al respeto por los Derechos Humanos.

Esta es quizás la situación más compleja en la imagen de un Gobierno en los últimos 30 o 40 años, según el politólogo Fernando Giraldo, porque hay una proyección negativa de que el país no respeta los Derechos Humanos y que incumple el derecho internacional y el propio ordenamiento jurídico y constitucional interno.

“Es un momento complejo y en ese sentido la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional va a requerir de un trabajo de largo aliento que le permita rescatar el prestigio que Colombia tenía formalmente en el sistema internacional”, asegura Giraldo.

Y es que desde mucho antes de la situación interna generada por las manifestaciones, los bloqueos y los actos de vandalismo, las relaciones diplomáticas colombianas no se encontraban en su mejor momento, de acuerdo con los expertos en política internacional.

“El video del Presidente de Fecode reconociendo que el paro tiene como fin ganar la Presidencia en el 2022 debe ser entregado a la CIDH y que vean cómo quieren debilitar
las raíces democráticas en el país”.

Vicente Torrijos,

politólogo.

En el caso de los Estados Unidos, un aliado clave para Colombia en los últimos años, la relación se vio desmejorada ante el intento de algunos senadores del partido de Gobierno de injerir en el voto de los colombianos residentes en ese país para la campaña presidencial que a la postre llevó a Joe Biden a la Casa Blanca.

Tampoco estaban en su mejor momento las relaciones con las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los pronunciamientos frente al asesinato de líderes sociales en el país y sorprendió la designación de Alejandro Ordóñez como delegado de Colombia ante la OEA por su posición y críticas, justamente, en materia de Derechos Humanos.

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Situación por demás aprovechada por sectores de la oposición que apostando al desprestigio del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas han buscado en el exterior que se condene el país en esta materia.

Coinciden, además, politólogos y analistas consultados en que se propició de manera tardía la visita de los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que contribuyó a generar un clima de preocupación internacional sobre lo que estaba ocurriendo en el país.

Un giro necesario

Ante este panorama complejo, explica el internacionalista y politólogo Vicente Torrijos, hay tres cosas que el Gobierno Nacional debe poner en práctica para tratar de revertir esta situación que, como lo ha reconocido el miembro del Comité del Paro y presidente de Fecode, Nelson Alarcón, tiene como único propósito derrotar al Centro Democrático y ganar la Presidencia en el 2022.

“Es necesario que se active todo el servicio exterior para defender de la mejor manera los intereses nacionales con una orientación estratégica. Segundo, se debe articular todo el gabinete ministerial en torno a la promoción de los Derechos Humanos, porque esto no es asunto solo del Ministerio de Defensa y de lo contrario nada de lo que se haga al interior del país tendrá alcance a nivel mundial, y lo tercero, que las Fuerzas Armadas tengan un acompañamiento político para poder mostrarle al mundo lo que en realidad se hace en materia de Derechos Humanos, porque si no es muy difícil que esos esfuerzos sean bien valorados”, señala Torrijos.

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“Es muy grave que se interprete como una actitud injerencista la preocupación de algunos organismos por el tema de Derechos Humanos”.

Mauricio Jaramillo,

politólogo.

En ese sentido es fundamental, agrega el analista, comunicarle al mundo, a través de las comunicaciones estratégicas, que en el fondo de todo esto, como lo ha reconocido abiertamente el Presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), “lo que hay es un proyecto político, una campaña para deslegitimar a las Fuerzas Armadas y mostrar a Colombia como un país autoritario y despótico que está atacando la oposición”.

Entre tanto Mauricio Jaramillo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, considera que hay dos cosas que el Gobierno Nacional debería realizar para mostrar otra imagen al mundo: no insistir en el discurso de que los únicos que incurrieron en excesos fueron los manifestantes y abandonar la retórica de que lo que hagan los organismos proderechos humanos es una injerencia en la soberanía.

“Debemos entender y mandar una señal de que visibilizar internacionalmente los Derechos Humanos no es una señal de injerencia ni es muestra de debilidad sino de convicción democrática y si eso no pasa va a ser muy difícil recuperar la imagen, pero tengo fe de que eso ocurrirá en las próximas semanas”, indica Jaramillo.

Fortalecer el cuerpo consular

En medio de la situación actual es necesario, advierten también los expertos, apelar a funcionarios de carrera en materia consular, que conozcan el sistema internacional y las herramientas que contribuyan a mejorar la imagen del país en el exterior.

“Ha llegado a la Cancillería la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien también ha tenido declaraciones desafortunadas frente a los Derechos Humanos y, por lo tanto, no creo que sea la persona idónea. No creo que tenga la trayectoria internacional, que conozca los circuitos internacionales ni la diplomacia en general”, enfatiza el analista Jaramillo.

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De acuerdo con Fernando Giraldo, en esta coyuntura se deben promover agentes diplomáticos de carrera y respetados por la comunidad internacional, acercar los organismos internacionales a los que pertenece Colombia, como son la ONU y la OEA, y no alejarse de países y organismos de integración como Estados Unidos, países latinoamericanos y la Unión Europea.

“También trabajar en una política de mayor cooperación y diálogo, desarrollando una campaña de imagen basada en el acatamiento del orden político y jurídico internacional”, concluye el politólogo.

Delegados del Gobierno se reunieron esta semana con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colprensa / El País

Un giro en el relacionamiento con EE.UU.

En un momento en el que las relaciones con Estados Unidos no pasan por su mejor periodo, la renuncia del embajador en Washington Francisco Santos es una oportunidad, aseguran los analistas, de enviar un mensaje de acercamiento al gobierno del presidente Joe Biden nombrando a una persona que genere confianza en el sistema internacional.

Entre otras cosas porque el Gobierno de los Estados Unidos dio parte de tranquilidad a su similar en Colombia con el anuncio de consolidar la ayuda económica para el 2022 con la propuesta de incluir en el presupuesto una partida para Colombia superior a los US$453 millones de dólares.

El primer nombre en el sonajero para dirigir la misión diplomática en Washington es el del expresidente Andrés Pastrana, quien en primera instancia agradeció al presidente Iván Duque el ofrecimiento y lo desestimó por el momento.

Esta semana se incluyó en la lista la posibilidad el nombre de la exministra y excanciller conservadora Noemí Sanín.

El llevar a ese cargo diplomático a una persona con experiencia y con conocimiento del sistema internacional, según el analista Diego Luis Sánchez, será un indicativo de la importancia que le otorga el gobierno del presidente Iván Duque a las relaciones con EE. UU.

“No es el momento de enviar a Washington a un embajador que responda únicamente a dinámicas de favorecimientos o cuotas políticas. Se necesita a una persona de peso y experiencia en el servicio exterior”, señala.



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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los ‘falsos positivos’

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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los 'falsos positivos'

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, contó ante la Comisión de la Verdad cómo se enteró sobre la existencia de falsos positivos dentro del Ejército, pidió perdón por ellos y analizó las razones por las que se produjeron estas conductas criminales en la época que fue Ministro de Defensa.

“Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma, que esto nunca nunca vuelva a pasar”.

El expresidente contó, en una declaración que duró cerca de una hora, que los falsos positivos se produjeron por la alta presión por resultados que había en las Fuerzas Militares y que reconocer este hecho y responder moralmente por él es la mejor forma de recuperar el honor de la institución.

Explicó que cuando llegó al Ministerio de Defensa, el 20 de julio de 2006, compartía con el presidente Álvaro Uribe, su objetivo de derrotar a las Farc, pero que la diferencia estaba en el cómo. También reconoció que en ese momento escuchó sobre los falsos positivos pero no les creyó.

“Si bien el documento de la política de defensa y seguridad democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total, nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, agregó.

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Añadió que él tenía una postura diferente, por la experiencia acumulada y su forma de ver las cosas, porque era más: “viable y conveniente, más rápido y menos costoso una derrota estratégica. Es decir debilitarlos psicológica y mentalmente y llevarlos a una mesa de negociación”, dijo el expresidente.

Con respecto al no reconocimiento por parte del ex presidente de un conflicto armado, dijo que esto generó una cierta confusión en las Fuerzas Armadas: “porque aplicaban el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo a su entrenamiento y a los manuales de derecho operacional, pero su comandante supremo y jefe de Estado no reconocía la existencia de un conflicto armado en el país” agregó el expresidente.

Falsos positivos

Frente a los falsos positivos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz, ocurrieron entre 2002 y 2008 en más de 6.400 casos, dijo que “entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentaran. No les di credibilidad no me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo, yo también me arropé en la bandera tricolor y en repetidas ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial, consideraban malvadas acusaciones”.

Agregó que se comenzó a quitar la venda de los ojos cuando se dio cuenta en primer lugar de la presión que existía en las Fuerzas Armadas para producir bajas. Esto con base en los resultados que les entregaban en las visitas a batallones, donde el número de muertes estaba de primero.

“No les di credibilidad a los rumores sobre ‘falsos positivos’. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo”.

Juan Manuel Santos,

expresidente

Dijo también que esta nueva percepción de la realidad, se dio cuando en 2007, funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Christian Salazar, quien luego asumió como representante en propiedad de esa Oficina, y la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann, comenzaron a contarle de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo con casos específicos.

Añadió que el viceministro Sergio Jaramillo, fue quien le corroboró que esa historia si podía ser cierta, luego de obtener mucha información por su lado.

Acciones

En ese momento y viendo lo que estaba pasando Santos agregó que comenzó a actuar contra este delito. Esto a partir de directivas ministeriales y luego bajo esta misma línea el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, fue removido del cargo por hechos relacionados con falsos positivos, siendo la primera vez que se reconocía el problema.

Pero esto no se quedó ahí, dijo, pues las denuncias sobre este tema empezaron a crecer. “Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho”, agregó el expresidente.

Frente a esta situación aseguró que decidió investigar a fondo lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión, lo que lo llevó a trabajar con varias organizaciones, entre ellas la Oficina de la Alta Comisionada quien le entregó dos informes de casos específicos, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.

Esto hizo, de acuerdo con Santos, que le pidiera “al general Mario Montoya, comandante del Ejército, que respondiera a todos. El 6 de junio dio respuesta a los 99 casos que había presentado la Oficina y la invitó a visitar las diferentes brigadas”. Lo que llevó a entender a los militares la gravedad de la situación.

Luego explicó, el expresidente, que creó varias directivas para enfrentar lo que estaba pasando, entre ellas la directiva 10 que creó un Comité Interinstitucional de Seguimiento, que se reunió mensualmente para estudiar casos concretos.

Este comité de acuerdo con Santos: “fue un hito en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permitió comenzar a entender el fenómeno en toda su complejidad”.

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En esta contribución el expresidente también se refirió a lo acontecido en el año 2008, donde se conocieron los casos de los jóvenes de Soacha, población vecina a Bogotá, que habían sido reportados como desaparecidos y cuyos cadáveres fueron encontrados en municipios de Norte de Santander. Habían sido asesinados y reportados por batallones como guerrilleros dados de baja en combate.

Frente a este caso el ministro dijo que lo llamó directamente el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos por el conmutador de la Presidencia y le dijo: “Imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. Nueve personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como “NN”, ¡muertas en combate!”.

“En ese momento sentí que se rebosó la copa y me dije a mí mismo, hay que coger el toro por los cachos haciendo esto público”. Fue la primera vez que de manera oficial el país conoció estos hechos, añadió el expresidente.

Luego explicó otra serie de decisiones que adoptó y finalizó diciendo que no le cabe la menor duda que el: “pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam’”.

Finalizó diciendo a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo” las ejecuciones extrajudiciales, pero “el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró”.



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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

“No creo que la visita de la CIDH fuera acaparada por el Gobierno, más bien el organismo internacional hizo un ejercicio de revisión institucional de lo que tiene el Estado Colombiano. La Comisión necesitaba una visión institucional para que, si hay un pronunciamiento, las medidas que sugiera sean acordes al Estado”.

Así analiza Carlos Arias, profesor de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado, la labor que desarrollaron los seis miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron esta semana en el país para recibir información sobre la violencia y los actos de vandalismo registrados en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril.

Lo cierto es que entre el lunes y el jueves los comisionados tuvieron varios encuentros en Bogotá con funcionarios del Gobierno Nacional y de los organismos de control, así como con los líderes del Comité de Paro, empresarios y organizaciones sociales.

Pero también se desplazaron a Popayán, Tuluá, Buga y Cali, donde igualmente se entrevistaron con el alcalde Jorge Iván Ospina, algunos concejales y representantes de la sociedad civil, según se informó.

Es por ello que el académico agrega que “si la CIDH hubiera planteado sus reuniones de otra forma, cualquier fallo hubiera marcado una serie de sesgos y reinterpretaciones de la realidad. Además, el futuro pronunciamiento no hubiera sido tan respaldado por el Gobierno. Al tener una presencia fuerte en la institucionalidad, no puede tener ningún marco de duda, porque se reunió más tiempo con el Gobierno y escuchó la visión institucional”.

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Sin embargo, para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, “lo ideal hubiera sido que se le hubiera dado mayores libertades al grupo de la Comisión, pero había una predisposición muy grande”, aludiendo a las primeras declaraciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en las que dijo que el Gobierno no iba a aceptar la visita.

Ahora bien, los analistas coinciden en que los comisionados se llevaron un panorama muy completo de lo que ha pasado durante las movilizaciones.

“La entrega de los informes de la Fuerza Pública, el informe de Claudia López (alcaldesa de Bogotá) y la entrega de informes por parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos es, a mi juicio, lo más emblemático de la visita”, dice Jaramillo.

A su vez, Juan Carlos Ruiz, también profesor en la Universidad del Rosario, sostiene: “Todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar con la CIDH, desde el exportador, los padres de las víctimas de las protestas, el Gobierno, las centrales sindicales, entonces lo interesante es que todo el mundo quiso hablar con la Comisión y esa posibilidad me parece muy importante en estos momentos que vive el país”.

En ese sentido, Carlos Arias anota que la CIDH pudo cruzar las bases de datos de distintas entidades: “Tuvo la posibilidad de ponderar el grado de velocidad y verosimilitud de las investigaciones de entidades como la Fiscalía, la Produraduría y la Defensoría. Haberse reunido con organizaciones de Derechos Humanos le da una perspectiva del grado de incidencia del Gobierno en las entidades de control”.

Entre tanto, Ruiz destaca que todos los actores involucrados en la crisis política, económica y social tuvieron el anhelo de demostrar que tenían la razón. “Una expectativa jamás vista en el país para una visita de este tipo, la gente quiere un árbitro neutral que diga qué pasó y qué está pasando. Ojalá la CIDH esté a la altura de ese compromiso”, añade.

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Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social, asegura que el informe de la Comisión, anunciado para la semana entrante, no va a contener un análisis de la situación a profundidad.

“Cuando se habla de visita de trabajo, luego de esta se conoce solo un comunicado de prensa. Sin embargo, en la norma no existe distinción sobre lo que produce una visita in loco y una de trabajo. Por eso las organizaciones solicitamos que, a pesar de que esa sea la práctica, en la medida de lo posible se haga un informe detallado de la visita de trabajo, porque el esfuerzo ha sido mucho y la Comisión ha recogido mucha información con qué hacerlo”, explica Bustamante.

Según ella, “la Comisión Interamericana realizó una visita de trabajo conforme al artículo 53 de su reglamento, que da la posibilidad de diseñar la que la comisión estime más pertinente. En este caso no se hizo una visita con el pleno de la comisión sino solo con tres de sus siete comisionados y un equipo muy grande de la secretaría ejecutiva para la toma de testimonios y el tema logístico”.

“Entonces será un comunicado de prensa con observaciones a las que se les hará seguimiento y en donde las organizaciones más adelante tendrán la oportunidad de pedir audiencias temáticas para el seguimiento de esas observaciones”, puntualiza.

El informe del Mindefensa a la CIDH dio cuenta de 19 fallecidos, 2 uniformados muertos, 1106 personas heridas, 1253 lesionados y 178 investigaciones disciplinarias.

Detalles

La visita de trabajo de las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvo liderada por la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, quien vino acompañada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón.

Además contó con el apoyo de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, y de la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido, además del relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.

Según información proporcionada por la CIDH, se recibieron más de dos mil registros de personas o entidades que querían entrevistarse con la delegación del organismo adjunto a la OEA, que fue recibido oficialmente el martes en la mañana por el presidente Iván Duque, luego de que llegaran el lunes al país.

La última reunión de los comisionados con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se realizó el jueves en la tarde en la sede de la Cancillería colombiana.



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